El TC comienza a deliberar sobre las medidas pedidas por el Gobierno contra la resolución de ruptura de Cataluña

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC) han comenzado a las 12.33 horas de este lunes a deliberar sobre el incidente de ejecución presentado por el Gobierno tras la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de una resolución que da inicio al proceso de secesión.

Las medidas incluyen la petición de que el tribunal de garantías deduzca testimonio de cara a la posible apertura de un procedimiento penal contra la presidenta del Parlamet, Carme Forcadell.

Fuentes del TC han señalado lo novedoso de la deliberación desde el punto de vista procesal puesto que, de aplicarse las medidas solicitadas sería la primera vez que este órgano hace uso de las nuevas herramientas -previstas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)- que la última reforma puso a su disposición para hacer cumplir sus sentencias.

También es inédita la situación actual si se tiene en cuenta que este incidente de ejecución se ha presentado una vez el Parlamento catalán ha incumplido el mandato previo dado por este órgano en un primer incidente que se resolvió tras un incumplimiento previo de la sentencia que declaró inconstitucional la denominada declaración soberanista.

POSIBILIDAD DE OTRO PLENO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Por todas estas circunstancias se desconoce si los magistrados optarán simplemente por admitir a trámite la petición sin más con el fin de dar un plazo a las diferentes partes para que se pronuncien o adoptarán ya este lunes alguna medida concreta de las pedidas por el Gobierno.

En el primero de los casos, no se descarta que el Pleno vuelve a reunirse en los próximos días para estudiar los documentos que puedan aportarse.

El Ejecutivo, que centra buena parte de las responsabilidades en la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ha emplazado al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella.

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes --entre ellos el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont-- que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

MULTAS

El Ejecutivo reclama que se les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada.

También que Puigdemont y sus consejeros no puedan tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de inumplir, incluidas las penales.

El Gobierno ofrece al tribunal de garantías la posibilidad de limitarse a suspender de forma inmediata la resolución impugnada. No obstante, advierte de que la decisión del Parlamento catalán no puede saldarse, en este caso, "con una mera declaración de nulidad" del texto.

"En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", dice la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución registrado este viernes ante el TC.

El escrito de la Abogacía califica la resolución como "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" a la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen "instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista".

Los servicios jurídicos del Estado se hacen eco del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que, fruto de una reforma aprobada en octubre del pasado año, establecen los mecanismos que permiten al Tribunal velar por el cumplimiento de sus decisiones.

A pesar de ello --recuerda el escrito-- la Cámara catalana decidió crear la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Esta iniciativa desencadenó un primer incidente de ejecución del Gobierno que desembocó, la pasada semana, en una primera advertencia del TC a "los poderes" catalanes implicados de su deber de impedir cualquier iniciativa de impulso al proceso separatista.