Grupo trabajadores de Antifraude se desmarcan del director ante el Parlament

En el documento, este grupo de empleados públicos de Antifraude lamentan "profundamente" que el nombre y la reputación de una institución que por ley tiene el encargo de "preservar la transparencia y la integridad en el sector público de Cataluña" hayan resultado "comprometidos" tras las conversaciones divulgadas entre De Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

"Pedimos que se distinga, a la hora de hacer la valoración (de estas conversaciones), entre la institución y la persona que, con carácter transitorio (nombrada por el Parlament a propuesta del Govern), ocupa la dirección", remarca el escrito.

En el documento, los trabajadores de Antifraude advierten a su director de que todo el personal de la Oficina ha firmado un compromiso de "confidencialidad y transparencia" y que su incumplimiento acarrea la exigencia de responsabilidades penales o administrativas, así como el deber de indemnizar a la entidad "en una cuantía equivalente al triple del salario bruto anual correspondiente al momento del incumplimiento".