Ocho responsables de Vitaldent declaran el lunes ante la jueza como investigados

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid) llama también al exdirector financiero y de auditoría interna de Vitaldent, Fernando Solís, y a Antonio Martín, representante de Gráficas Aries, S.A. (sociedad encargada de la publicidad local), que supuestamente efectuaba pagos en B.

Junto a ellos también prestarán declaración como investigados -término que sustituye a imputado- Alberto Conquero, Diego González, Roberto Arteaga y Juan Ramón Lillo.

Todos los citados han sido llamados a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la declaración como investigados de otros cinco directivos de la empresa, a la que ha accedido la magistrada.

Asimismo, la juez ha declarado la causa como compleja, como así lo solicitó el Ministerio Fiscal habida cuenta de que en esta causa concurren los elementos necesarios para ello por recaer sobre un grupo criminal, por involucrar a múltiples investigados y exigir la realización de pericias complejas, con actuaciones en el extranjero y la intervención de personas jurídico privadas.

Recientemente, la magistrada puso en libertad a Javier Arteaga, que posee buena parte de las franquicias de la empresa en España, y a Yolanda Copete, responsable del Departamento de Expansión, que se suman a la de Oscar Arteaga, hermano de Javier y copropietario del mayor número de franquicias de la empresa.

Los tres llevaban en prisión desde el pasado 17 de febrero, al igual que el propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte, los únicos que permanecen en la cárcel.

La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda".

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.