Abogado del Rey vio "inadecuado" que Urdangarin usara Nóos como una empresa
"La actividad del señor Urdangarin era adecuada, lícita, muy provechosa, pero que el sistema elegido, la estructura jurídica, no me parecía la adecuada", ha indicado Romero en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos.
El abogado, asesor externo de la Casa Real de 1993 a 2003 en materia jurídica, ha relatado que a mediados de 2005 supo por informaciones periodísticas que la asociación creada por el marido de la infanta y su socio Diego Torres contrataba con administraciones públicas y empresas, consideró que no se adecuaba a las normas no escritas de la Familia Real y se lo comunicó al entonces jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.
"Las personas de la familia del Rey no debían realizar operaciones mercantiles por su propia cuenta, podrían realizarse por cuenta ajena", ha explicado Romero, conde de Fontao, que, de acuerdo con Aza, sugirió a Urdangarin que dejara el Instituto Nóos, del que era presidente.
Ha recalcado que su "recomendación" fue que canalizara sus actividades en torno a los grandes eventos deportivos a través de una fundación pero no instó al entonces duque de Palma a que rompiera con Diego Torres. "No tenía ninguna duda sobre los trabajos que realizaba el señor Torres", ha incidido.
"En absoluto -ha recalcado- había ninguna sospecha de que hubiese ningún ilícito penal ni del señor Urdangarin ni del señor Torres. No había la más mínima sensación de que hubiera ningún ilícito penal. Mi intervención fue para proteger el nombre, la categoría y la participación institucional el señor Urdangarin".
El exasesor jurídico consideró "urgente corregir" la situación generada por los contratos de Nóos con administraciones públicas por los problemas políticos que suscitó en Baleares la organización en 2005 y 2006 de dos foros sobre turismo y deporte.
En 2006, a raíz de las recomendaciones del letrado del Rey Juan Carlos, Urdangarin y Torres constituyeron la fundación Namasté, pero Romero consideró que no se ajustaba al régimen común de las fundaciones en que participan miembros de la Familia Real y asumió su presidencia para liquidarla al tiempo que se ponía en marcha la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), en la que el marido de la infanta no figuraba, aunque estaba detrás.
"Podía dirigir en la sombra, pero la fundación actuaba en la claridad absoluta", ha admitido el testigo a preguntas del fiscal, a quien ha indicado que a partir de esta intervención ya no siguió las actividades de Urdangarin.
El testigo ha explicado que el marido de la infanta Cristina no fue reticente a sus recomendaciones de dejar Nóos y encauzar sus actividades comerciales de forma más discreta. "La práctica y la realidad de los hechos han demostrado que no solamente no hubo reticencia sino que las cumplió", ha dicho.
A preguntas de la presidenta del tribunal, Samantha Romero, el abogado ha señalado que sus indicaciones a Urdangarin no tenían un carácter imperativo. "Generalmente yo hacía recomendaciones, y lo que ocurría es que se cumplían", ha respondido.
Ha negado cualquier "intervención coactiva", porque "la Casa no hace eso".
Romero ha asegurado que no sabía que Urdangarin y la infanta Cristina hubieran creado una sociedad, Aizoon, al 50 %, porque "de las actividades privadas de los miembros de la Familia Real no se ocupaba nadie, no eran objeto de autorización" por parte de la Casa Real.
"Mi opinión respecto del régimen económico-matrimonial de los miembros de la Familia Real era separación de bienes y así, cuando contrajeron matrimonio, recomendé en la Casa que se produjera la separación de bienes y así ha sido en todos los casos", ha explicado.
El juicio del caso Nóos ha alcanzado hoy su trigésimo sexta jornada, en la que están citados cinco testigos.
El tribunal tiene sobre la mesa resolver la solicitud planteada ayer por las defensas de Torres y Urdangarin de expulsión de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, por considerar que la lleva a cabo por "intereses espurios".
La defensa de Torres vinculó su petición a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional de presuntas extorsiones por parte de las cúpulas de Manos Limpias y Ausbanc, incluida una propuesta de retirar la acusación contra la infanta Cristina por 3 millones de euros.