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El Congreso de Perú aprueba incorporar la responsabilidad de las empresas en los delitos



    Lima, 17 mar (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó hoy un proyecto de ley que propuso incorporar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional, previsto en el Código Penal, informó hoy un comunicado del Legislativo.

    El dictamen, que fue presentado por la Comisión de Justicia del parlamento, excluyó de esa medida a los delitos de peculado (malversación de fondos públicos), colusión y tráfico de influencias.

    El congresista Juan Carlos Eguren explicó que la medida permitirá combatir el soborno trasnacional, pues ayudará a sancionar y neutralizar la conducta del participante individual en esos sucesos delictivos, así como en las empresas.

    "Somos el único país de la Alianza del Pacifico que no ha adecuado aun su legislación sobre este delito", dijo Eguren al sustentar la propuesta legislativa.

    El dictamen señaló que existe responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren y así actúen por orden o autorización.

    Entre las sanciones dispuestas para las empresas se planteó una multa que llega hasta las 1.700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente cada una a 3.950 soles (1.128 dólares).

    Además, la suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor de dos años, para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años, la cancelación de licencias, la clausura de sus locales y la disolución de la empresa.

    Tras un intenso debate, la norma fue aprobado con 73 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, y se le exoneró de la segunda votación que ordena la ley.

    La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) saludó, posteriormente, la aprobación del proyecto de ley que, según indicó un comunicado, garantiza el ingreso de Perú al Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro pleno con derecho a voz y voto.

    "Esta ley era el único requisito que le faltaba a Perú para ingresar al Grupo Antisoborno de la OCDE, como parte del Programa País suscrito por el Estado peruano y este organismo internacional", expresó la coordinadora general del organismo, Rosmary Cornejo.