La Cicig recurre el arresto domiciliario de exsecretario presidencial de Guatemala
El pasado 8 de enero, la jueza Quinta de Instancia Penal, Judith Secaida, otorgó esta medida a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán, sindicatos por un delito de tráfico de influencias en el caso "Redes".
La Cicig asegura que la decisión de la jueza "vulneró" las garantías del proceso y no expresó "un argumento lógico, jurídico y válido".
"Se incurrió en un vicio de fondo y forma cuando la jueza Secaida interpretó de manera incorrecta el artículo 277 del Código Procesal Penal (...). En dicha audiencia la jueza manifestó que ya no existía peligro de fuga ni obstaculización a la verdad", señala la Cicig en un comunicado.
La entidad considera que "aún existe el riesgo de que los tres imputados puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba" o "influir para que otros imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o evasiva", por lo que solicita que se deje sin efecto el arresto domiciliario.
Los tres acusados fueron ligados a proceso en julio de 2015 junto a Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir los indicios de su participación en la red de tráfico de influencias.
De acuerdo con la acusación, Martínez, exsecretario de la Presidencia de Guatemala entre 2012-2015, se valió de su cercanía con el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina para poner en agenda una reunión con representantes de la empresa Jaguar Energy Guatemala, subsidiaria de la estadounidense Ashmore Energy International (AEI), a cambio de ciertos beneficios económicos.