El Supremo de Guatemala da trámite a la solicitud de antejuicio contra el diputado Baudilio Hichos

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, el organismo judicial confirmó el aval, después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hicieran la petición el pasado 17 de junio.

Hichos, diputado de la principal fuerza de la oposición guatemalteca, el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), está acusado, junto a otras cinco de personas, de participar en la adjudicación anómala de dos contratos relacionados con la construcción de una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el departamento de Chiquimula, ubicado a unos 300 kilómetros de la capital.

El diputado era propietario de un edificio que había dado en arrendamiento, el pasado octubre, a una empresa, para que se instalara allí el consultorio y la jefatura departamental del Seguro Social en esa provincia.

El contrato, con una duración de 27 meses, tenía un valor de más de 2.160.000 quetzales (unos 280.000 dólares), que se adjudicó a la empresa Comercial & Constructora Siboney.

No obstante, esa propiedad requería de unas tareas de adecuación para poder traspasar ahí las nuevas instalaciones del Seguro Social y es ahí donde se relaciona a Hichos con otras cinco personas que fueron detenidas el pasado 17 de junio.

Los arrestados fueron Otto Daniel Ortíz, electricista; Jorge Mario López Pellecer, director en Chiquimula del IGSS; Francisco Cortez Bocaletti, director de servicios contratados del IGSS, y los esposos Alma Judith Méndez Blanco y Salvador Rolando Álvarez Mérida, este último contratista de profesión.

Hichos, quien presidía la comisión pesquisidora del Congreso que investiga al presidente, Otto Pérez Molina, hasta que renunció el pasado 18 de junio tras esta acusación, debe esperar ahora a que el pesquisidor designado por la CSJ presente el informe para retirarle o no la inmunidad al congresista.

No obstante, la decisión final corresponde a los magistrados del Supremo.

Este caso no tiene ninguna relación con el destapado el pasado 20 de mayo en el Seguro Social, por el que 17 personas están detenidas acusadas de la adjudicación millonaria de un contrato a una empresa para prestar servicios a pacientes con insuficiencia renal.