El Poder Judicial avala aplicar la Ley de contratos públicos a partidos políticos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está de acuerdo con la propuesta del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a través de la cual el Gobierno persigue que partidos políticos, sindicatos y empresas -cuando se financien, mayoritariamente, con dinero público- se rijan por las normas de contratación aplicables a la Administración Pública de modo que se les apliquen sus principios de publicidad y concurrencia.

En su informe al Anteproyecto, que el CGPJ estudiará en un Pleno extraordinario el próximo día 11, avala la medida que persigue "lograr una mayor transparencia y competencia en la contratación evitando posibles actos de corrupción".

De este modo, la norma incorpora a nuestro ordenamiento el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública, integrado por un total de tres normas publicadas en marzo de 2014, supondrá que "en determinadas circunstancias y supuestos", las normas relativas a la publicidad en la contratación pública serán de aplicación a estas organizaciones.

Por otro lado, la reforma ahora avalada por el CGPJ limita la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de que se resuelva una concesión por una causa imputable al contratista de modo que únicamente deberá asumir el valor de mercado de la infraestructura. La actual regulación establece que cuando se resuelve la concesión, por la causa que sea, la Administración debe abonar al concesionario todas las inversiones que ha realizado.

El Gobierno justificó en su día esta decisión en que el nuevo régimen "incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión" en tanto que "el contratista no tendrá ya garantizada la recuperación de su inversión si la resolución le es imputable".

El informe, del que han sido ponentes conjuntamente los vocales Lucas Murillo de la Cueva y Olea Godoy, aborda también el Anteproyecto de Ley sobre Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En ambos casos, el CGPJ se cuestiona la necesidad de tener que sustituir tanto la Ley de Contratos Públicos como la Ley de sectores especiales actualmente en vigor. Y ello sobre la base de "la conveniencia de mantener una norma completa y general y normativa diferenciada para los llamados sectores especiales", separada de la general de contratos del sector público".

Protección al consumidor

Asimismo, el CGPJ estudiará el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que el Consejo de Ministros aprobó en abril y que persigue facilitar a los consumidores el acceso a entidades de resolución extrajudicial de conflictos.

La norma, que incorpora una Directiva europea fija un plazo de resolución de 90 días naturales desde la presentación de la reclamación, al tiempo que prevé que los procesos sean gratuitos para el consumidor o con un coste inferior a 30 euros, además de "transparentes, sencillos, rápidos y justos, garantizándose su imparcialidad". Además, los empresarios tendrán la obligación de informar de forma específica sobre el acceso a entidades de resolución alternativa de conflictos.

Según el informe del CGPJ, del que ha sido ponente el vocal Cuesta Martínez, la norma "debiera reorientarse de una manera más precisa hacia una mayor protección de los derechos del consumidor" al tiempo que "no debería establecer límites de cuantía para el acceso a estos sistemas complementarios de resolución de conflictos".