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Un exdiputado del PSC de la trama Pretoria niega haber logrado contratos por sus contactos políticos



    Barcelona, 2 jun (EFE).- El exdiputado socialista Luis García, presunto cerebro de la trama del "caso Pretoria", ha defendido hoy la legalidad de sus negocios de promoción inmobiliaria y ha asegurado que nunca ha ganado ningún contrato público por contactos políticos.

    Luis García, conocido como "Luigi" y que afronta ocho años de cárcel por el "caso Pretoria", ha comparecido hoy ante la comisión de investigación del Parlament sobre corrupción y fraude fiscal, después de que lo hicieran los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, también imputados en esa trama.

    El exdiputado socialista ha explicado que, desde el año 1992, cuando abandonó la política para dedicarse al negocio de la construcción, se ha presentado a ofertas públicas como cualquier otra empresa del mercado y ha ganado los concursos por una "valoración técnica y económica", no por sus contactos políticos.

    En ese sentido, "Luigi" ha tachado de "pura especulación y conjetura que no responde a la más mínima realidad" la acusación que mantiene contra él la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le ha enviado a juicio ante la sospecha de que cobró comisiones ilegales por intermediar en varias operaciones urbanísticas municipales.

    Para Luis García, las actividades por las que ha sido investigado en el "caso Pretoria" son las habituales de un promotor, por lo que ha criticado la "lógica perversa" que mantienen la Fiscalía y la policía en sus informes sobre esta causa de presunta corrupción urbanística, ahora pendiente de juicio.

    "No hay ninguna prueba testifical ni documental" que acredite irregularidades en las operaciones urbanísticas investigadas en el "caso Pretoria", ha añadido Luis García, que ha defendido su "estricto cumplimiento de la legalidad" desde el punto de vista tanto urbanístico como económico.

    El exdiputado socialista, que ha negado que haya tenido ningún trato con Jordi Pujol Ferrusola, ha admitido que Alavedra y Prenafeta cobraron una comisión privada de la constructora Espais por intermediar en una operación urbanística planeada en Badalona, pero ha defendido su legalidad.

    En ese sentido, ha considerado "injusto" que se acuse de tráfico de influencias a ambos ex altos cargos de la Generalitat.