Pérez Molina dice que el caso de fraude aduanero es la mayor operación de la CICIG

Las autoridades del país centroamericano han arrestado, hasta el momento, a 21 personas, acusadas de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros.

Entre los capturados está el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; su antecesor, Carlos Enríquez Muñoz Roldán, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.

A preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa, Pérez Molina no quiso desvelar si la desarticulación de esta red criminal supondrá la continuidad, por decidirse, del ente creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero aseguró que este hecho demostró que la institución sí tiene "capacidad".

Afirmó que esta operación, "si no es la primera, es la estructura más grande" que la CICIG desarticuló en la nación centroamericana desde su creación en el año 2007.

No obstante, incidió en que el operativo se llevó a cabo tras una petición del Gobierno de Guatemala derivada de la baja recaudación de impuestos en la SAT.

"Eso es importante dejarlo claro", manifestó el mandatario, que además recordó que la defraudación tributaria y la financiación ilícita de los partidos políticos son dos hechos que siempre preocuparon al actual equipo de Gobierno.

El presidente guatemalteco aseguró que la desarticulación de esta red criminal, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, no quedará en el limbo y se recogerá en el informe de análisis que evalúa el trabajo de la CICIG para prorrogar su mandato, que vence el próximo septiembre.

Pérez Molina añadió que este caso abre un punto y a parte dentro de la SAT y que es el momento para que la institución, que calificó como "independiente", se reorganice.

"Nosotros somos un Gobierno que seguirá trabajando en esta misma línea", afirmó, y concluyó que la ley será igual para todos, y que el Gobierno no tendrá ninguna actitud de ocultar información o interferir en la investigación.

"Estamos apegados a la ley y todas las personas que salieron y saldrán involucradas, no las vamos a ocultar, ni interferir el camino de la investigación, como lo hicimos durante este año y dos meses que duró la investigación", expresó el jefe del Ejecutivo.

Según los resultados de las investigaciones, los procedimientos normales de revisión y ajuste de control de mercancías en los contenedores que ingresaban a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás fueron alterados por algunos integrantes del grupo.

La investigación está coordinada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la CICIG y la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP acusa a los arrestados de los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanera y defraudación tributaria.