Velasco interroga mañana a los 4 detenidos del frente de cárceles de ETA

Los cuatro detenidos están acusados de formar parte del entramado de apoyo a los presos de ETA y, en concreto, de coordinar la "unidad de acción" del denominado "frente de cárceles".

Se trata de la cuarta operación del instituto armado, desde septiembre de 2013, contra las diferentes estructuras de ese frente y culminó con las detenciones de Oihana Barrios Salinas, arrestada en Pamplona; Izaskun Abaigar García de Acilu, en Campezo (Álava); Nagore López de Lazauriaga, en Zamudio (Vizcaya); y Fernando Arburúa Iparagirre, en San Sebastián (Guipúzcoa).

López de Lazauriaga, cuyo domicilio en Salvatierra (Álava) fue registrado, formó parte de la representación de la asociación de familiares de encarcelados de la banda terrorista, Etxerat, que en febrero pasado se reunió con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en un encuentro en que ambas partes coincidieron en la necesidad de acabar con la dispersión de los reclusos etarras.

También fue registrado el domicilio en Pamplona de la psicóloga Oihana Barrios, que forma parte del colectivo Jaiki Hadi, integrado por médicos que trabajan con presos de la banda.

Los cuatro detenidos, según el Ministerio del Interior, formaban parte del espacio de coordinación denominado KG, que definía la estrategia de las organizaciones que forman el "frente de cárceles" para mantener la unidad de acción de los presos de ETA.

Así, participaban de forma activa en el Núcleo de Coordinación/Koordinazioa Gunea-KG, del que se valían ETA y el KT-Koordinazioa Taldea para controlar ese frente.

Las tres operaciones anteriores se dirigieron hacia la dirección nacional de Herrira en septiembre de 2013; los integrantes del Koordinazioa Taldea-KT en enero de 2014, y la estructura del Colectivo de Abogados-BL, así como los responsables del aparato de tesorería de Herrira ("Sostengu") en enero de este año, con más de cuarenta personas imputadas.

En la operación contra KT, llamada Jaque, el juez Velasco envió a prisión a ocho de los detenidos por pertenencia a organización terrorista, entre ellos a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, por conformar "un brazo operativo más de la ETA misma".