El Poder Judicial investiga los pagos de la Comunidad de Madrid a 32 jueces

Los magistrados recibieron más de 200.000 euros por asesorar a Indra sobre una herramienta digital para Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Francisco Vieira, y otros 31 jueces y magistrados, bajo la lupa del Poder Judicial. El Consejo General (CGPJ) ha abierto un procedimiento para averiguar si estos juristas han incurrido en incompatibilidad por recibir dinero de la Comunidad de Madrid.

Los jueces decanos apoyan a los 32 magistrados investigados por la Cúpula Judicial

La decisión se ha producido tras conocerse que estos juristas habían recibido,desde 2011, una compensación económica por el desarrollo de una nueva herramienta informática. La investigación comienza después de que Vieira haya admitido que el Gobierno madrileño había solicitado la colaboración de los magistrados y otro personal de Justicia para poner en marcha el proyecto.

Los 32 jueces recibieron más de 200.000 euros por contribuir al desarrollo del programa informático y asesorar al Gobierno en su implantación en el ámbito de la Justicia. El presidente del TSJ de Madrid asegura, sin embargo, que entendió que "esta actividad no precisaba de ninguna autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del Poder Judicial".

El promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ ha citado a Vieira para analizar la situación. Además, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó ayer por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del Poder Judicial para "recabar la información necesaria que permita que se aclaren los hechos".

Fuera del horario laboral

Los jueces acordaron con la empresa pública Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) la cuantía de los pagos, que se realizaron a través de la empresa Indra, contratada por ICM para el desarrollo técnico del proyecto. En este sentido, el presidente del TSJ de Madrid, asegura que los trabajos "no son funciones propias del cometido de magistrado, por lo que la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo para los juristas".

"Esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración, por lo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades", señala Vieira. El magistrado manifiesta además que todos los pagos se han hecho con arreglo a la ley y que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda y efectuándose las retenciones correspondientes.

"La intervención de estos grupos de trabajo ha sido esencial para dotar a los juzgados de las herramientas adecuadas para ejercer su labor", indica el presidente del TSJ de Madrid. "Difícilmente se habría logrado esto sin nuestra colaboración", apostilla.

Por su parte, la Comunidad de Madrid niega que se paguen primas periódicas a los magistrados por este asesoramiento. El Gobierno madrileño descarga la responsabilidad en Indra y sostiene que "es la que se encarga exclusivamente del proceso de la manera que considere y como ocurre en el resto de los servicios externalizados".

Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, exige a la Comunidad de Madrid que "informe de las partidas presupuestarias destinadas a este programa de asesoramiento". La organización denuncia una falta de transparencia y reclama la colaboración de los operadores jurídicos en el desarrollo de los programas informáticos.

El sindicato asevera que es "intolerable" que la Administración lleve a cabo estos planes al margen de las centrales sindicales presentes en la mesa sectorial de justicia. "Nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación de las medidas, que además están contando con el asesoramiento de funcionarios que no son los usuarios de las herramientas", concluye.