Fiscal ve prescritos todos los delitos salvo el de abuso sexual imputable al padre Román

El fiscal del caso, Francisco Hernández, comparte la calificación jurídica realizada por el juez encargado de la causa, Antonio Moreno, que consideró que los hechos investigados representan delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones, abusos o exhibicionismo.

Según ha detallado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso, y a la vista de la calificación inicial del juez, cree que sólo uno de los delitos, el de abuso sexual con penetración y prevalimiento, puede "considerarse perseguible" al superar la pena de cinco años y no haber por tanto prescrito.

En su escrito, Hernández ha apuntado que el único imputado por el delito, atendiendo a las declaraciones del primero de los denunciantes y por el que se inició la investigación a mediados de octubre del año pasado, sería el padre Román, considerado cabecilla del grupo de sacerdotes de Granada implicados en la causa.

La Fiscalía recuerda que estas conclusiones "no suponen la valoración definitiva de los hechos" sobre la causa sino "únicamente" su contestación a la cuestión planteada por el juez Moreno, en un auto publicado el pasado 27 de enero, sobre una posible prescripción de los delitos.

Hernández ha adelantado en su escrito que la calificación definitiva de los hechos dependerá de la valoración de todo el material probatorio practicado y el que aún queda por desarrollar y que la presentará en el "momento procesal oportuno".

Moreno ofreció a las partes un plazo de diez días, que ha concluido hoy, para manifestar si consideran vigentes los delitos calificados de manera inicial.

Por su parte, el abogado del padre Román y de los dos sacerdotes y el laico que fueron detenidos el pasado mes de noviembre ha expuesto en un escrito ante el juzgado que considera que todos los hechos investigados han prescrito.

El letrado de la defensa se ha mostrado "plenamente convencido" de que, desde el punto de vista jurídico, todo lo recogido en la investigación estaría prescrito y ha destacado la falta de pruebas.

Estas dos posturas que consideran prescritos todos o parte de los delitos contrastan con la de la acusación popular, ejercida por asociación Proderechos del Niño (Prodeni), en cuyo escrito consideran que los hechos pueden calificarse "no sólo como abuso sexual, sino también como verdaderas agresiones sexuales".

Apuntan además que los hechos "incluso podrían reunir entidad suficiente como para ser considerados un delito de violación".