Interrogan en Chile a un exsubsecretario de Piñera por lavado de dinero
A Wagner también se le notificó hoy una querella que, además, afecta a su cuñada María Carolina de la Cerda y que se enmarca en el "caso Penta".
El "Pentagate", como lo han bautizado los medios locales, involucra a empresarios y políticos derechistas y Pablo Wagner está acusado de facilitación y uso de facturas de honorarios falsas, obtención indebida de devoluciones de impuestos y omisión de ingresos en sus declaraciones de impuestos a la renta.
Se trata de al menos 59 facturas de honorarios emitidas entre 2009 y 2014 por un total de 120 millones de pesos (unos 200.000 dólares), cuyos destinatarios fueron varias empresas del conglomerado económico Penta.
Estos delitos pueden ser castigados con penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta el 400 % del monto defraudado.
El interrogatorio a Wagner se produce un día después de que la Fiscalía chilena pidiera el procesamiento de los dueños del grupo Penta, a quienes acusa de soborno y delito tributario en la financiación de las campañas políticas en 2013.
El exsubsecretario compareció acompañado de sus abogados defensores Sebastián Dal Pozzo y Gonzalo Medina para atestiguar por primera vez y en calidad de imputado por sus supuestos vínculos en los hechos investigados.
Este jueves la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad pidió, entre otros, procesar a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, un conglomerado económico que administra activos por valor de 20.000 millones de dólares.
La solicitud se formalizó después de que varios de los ejecutivos fueran interrogados en los últimos días a fin de esclarecer el uso de recursos económicos que supuestamente fueron entregados de manera fraudulenta a varios políticos durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013.
La investigación judicial ha sacado a la luz correos electrónicos enviados a los directivos de Penta que ponen en evidencia a políticos presuntamente beneficiados por financiación ilegal durante sus campañas electorales.
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportaciones reservadas de empresas privadas, surgió a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta por fraude al fisco.
De hecho, el Servicio de Impuestos Interno (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de facturas de honorarios y falsas con el fin de disminuir la base del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).