Un 90 % de catalanes pide apartar a los políticos bajo sospecha de corrupción
Así se desprende del barómetro sobre la percepción de la corrupción en Cataluña que cada dos años confecciona la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y que hoy ha presentado en rueda de prensa su director, Daniel de Alfonso.
El informe, según ha destacado De Alfonso, revela que los ciudadanos exigen "mayor contundencia" contra los políticos corruptos, de forma que el 90,3 % se muestra partidario de apartar de sus funciones a los cargos públicos sospechosos mientras se espera sentencia sobre su caso, un 60,1 % defiende que se les mantenga y un 2 % dejaría esa decisión en manos del afectado.
El barómetro, realizado sobre una muestra de 800 encuestados, refleja que la percepción de la corrupción entre los catalanes ha empeorado desde el primer informe, realizado en 2010: ese año, un 79 % de los entrevistados opinaba que ese es un problema muy o bastante grave, porcentaje que ahora ha subido hasta el 88,9 %.
De Alfonso, sin embargo, discrepa de la opinión mayoritaria en la sociedad catalana y defiende que los cargos públicos investigados por corrupción no dimitan hasta que no se les envíe a juicio, para evitar que los políticos puedan ser víctimas de denuncias falsas por parte de sus adversarios para convertirlos en "un muerto civil".
Para el director de la OAC, provocar la imputación de una persona es "muy fácil", ya que basta con presentar una denuncia y que sea admitida a trámite, y a menudo puede ser "una maniobra política del adversario, sobre todo en época preelectoral".
Tras lamentar que la percepción de corrupción generalizada esté tan extendida en la sociedad, De Alfonso ha apostado por llevar a cabo "una reforma de las dinámicas de los partidos políticos. Son deberes pendientes tanto en el Estado español como en Cataluña", ha añadido.
Para el director de la OAC, la encuesta dibuja un "panorama muy preocupante", teniendo en cuenta que el 55 % de los catalanes cree que los partidos políticos en Cataluña se financian ilegalmente, un 88,6 % piensa que el hecho de que reciban fondos privados puede influir en sus decisiones y el 53,5 % considera que los políticos son poco o nada honestos.
La encuesta incluye otras cifras que ilustran esa percepción sobre la corrupción: el 82,9 % de los encuestados cree que el vínculo entre política y negocios es demasiado estrecho y el 90,1 % opina que los políticos no dan suficientes explicaciones sobre su gestión.
La desconfianza hacia los políticos es extendida, a juzgar por el informe de la OAC, dado que un 31,5 % considera que los políticos se presentan a las elecciones por "el poder y la influencia que se obtiene a través del cargo".
Por ese motivo, un 92,8 % de los encuestados cree que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos debería estar controlada por un organismo independiente y un 78,8 % es partidario de que también se fiscalice económicamente a las familias de los políticos.
De Alfonso ha apelado contra la "hipocresía social" y ha animado a los ciudadanos que conozcan casos de corrupción a presentar denuncia porque, a su parecer, de lo contrario "uno no puede quejarse".
El informe pone de relieve que los ciudadanos asumen un cierto grado de corrupción: el 15,1 % acepta que un alto cargo reciba como regalo una caja de vino de una empresa, un 13,3 % no ve mal que una persona que trabaje en la salud pública ayude a un familiar a saltarse la lista de espera y un 30,8 % justifica empadronar un hijo en casa de los abuelos para que lo admitan en la escuela deseada.
La corrupción "existe y existirá siempre, pero se puede rebajar y mucho", ha opinado De Alfonso, que no cree que se trate de un fenómeno "sistémico".