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Santos plantea que el narcotráfico sea delito político para los guerrilleros de las FARC



    Bogotá, 3 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, planteó hoy que el narcotráfico sea considerado como "delito político" para aquellos guerrilleros de las FARC vinculados con esta actividad ilegal y quieran participar en política y animó a abrir el debate en el país.

    En una declaración ante periodistas tras reunirse con el gobernador general de Canadá, David Johnston, que se encuentra en una visita oficial a Colombia, Santos aclaró que la medida está en fase de estudio.

    "La discusión de los delitos conexos a los delitos políticos se circunscribe específicamente a que se tenga en cuenta para los miembros de las FARC que quieran participar en política, a eso se restringe y de eso se trata esta discusión", indicó.

    Aclaró, además, que "se debe comenzar a debatir desde ya" este asunto para estar preparados cuando llegue el ansiado postconflicto.

    El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en una entrevista en Caracol Radio que esta medida sería parte de "una Ley Estatutaria que debe tramitar el Congreso a iniciativa del Gobierno".

    En este sentido, señaló que cuando se lleguen a "unos eventuales acuerdos de paz, en este caso con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)," se incluirá "hasta donde" debe ir ese delito.

    Asimismo, aclaró que por el momento es una medida en estudio y que, en cualquier caso, tendría que contar con la aprobación del Congreso.

    Al margen de estas explicaciones, el procurador de Colombia, Alejandro Ordoñez, férreo crítico del proceso de paz, consideró que la medida "busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC".

    "Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política", argumentó el funcionario en un comunicado.

    Y afirmó que con la propuesta se "disfraza de delincuentes políticos a los narcotraficantes" y se "renuncia a perseguir el lavado de activos", lo que convierte al proceso de paz "en una gigantesca operación para beneficio de las mafias".

    Más flexible fue el Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, quien destacó los matices que puede tener el narcotráfico cuando sirve de vehículo para otras actividades delictivas.

    "Si uno observa el delito del narcotráfico de manera aislada, está claro que es un delito común que no tiene nada que ver con ese tratamiento de los delitos políticos. Sin embargo, en la práctica ocurre que para llevar a cabo esas finalidades de levantamiento de armas tienen que cometer otra clase delitos comunes", afirmó.

    Con base en esto, añadió, "el delito de narcotráfico pese a ser común se vuelve conexo, necesario y obligatorio en el delito político y desde esa óptica claro que deberían tenerse en cuenta los nexos con el delito político".