CSI-F denuncia la falta de interconexión de la informática de Justicia

La central sindical mayoritaria en el sector de la Justicia, el sindicato CSI-F, denunció ayer la actual falta de interconexión entre las diferentes aplicaciones informáticas de gestión procesal o de apoyo a la actividad de juzgados y tribunales, lo que considera que "lastra gravemente el funcionamiento de la Administración de Justicia".

En un informe sobre la materia se explica que en estos momentos existen nueve herramientas de gestión procesal distintas: una que aplica el territorio administrado por el Ministerio de Justicia, junto con las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja y otras ocho en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Volver a picar los datos

Explica en su denuncia que ninguna de las herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de forma que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (Siraj), que tampoco están integrados con los sistemas de gestión procesal, por lo que una vez tramitado el procedimiento hay que volver a teclear los datos en estos registros.

Señala el sindicato que el mencionado programa utilizado en Justicia y en algunas comunidades está obsoleto, descatalogado desde hace más de 10 años y sin soporte técnico del fabricante.

"El propio Ministerio ha confesado que este programa no sirve para ser utilizado en la nueva oficina judicial que está implantando desde el año 2010", afirma.

Dice el informe que la mayoría de los programas en funcionamiento no cumplen con el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace unos años para permitir a estos programas compartir directamente información.

Denuncia también el informe que, a día de hoy, no se ha realizado modificación alguna para que se haga efectiva la transmisión de la información de los distintos sistemas de gestión procesal al Siraj. Han transcurrido más de 5 años y 9 meses. "Pese a las partidas millonarias que desde el Ministerio de Justicia se han invertido en nuevas tecnologías para modernizar la Administración de Justicia, la realidad es que seguimos sin que exista la interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal y todo ello porque dichos sistemas son incompatibles", explica el informe del CSI-F.

Y concluye señalando que como consecuencia de la inoperancia existente, pueden darse más casos de ineficacia, que ponga en riesgo a la población más vulnerable, generando una gran alarma social, que de ponerse remedio de manera inmediata se evitaría.

Por ello, piden al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acometa una verdadera modernización informática.