Los jueces españoles priorizan la lucha contra la corrupción

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, recordó ayer el compromiso de los jueces y magistrados españoles para agilizar la tramitación y resolución de las causas por delitos de corrupción, tras señalar que la dilatación en el tiempo de este tipo de procedimientos "genera desaliento en la sociedad".

Revertir la situación

En el discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial presidido por el Rey Felipe VI en la sede del Tribunal Supremo, Lesmes ha asegurado que el Poder Judicial y sus órganos de gobierno "se implicarán activamente" en la lucha contra la corrupción, que ha calificado de "lacra social" y de la que ha dicho que "está minando la credibilidad de las instituciones" y "socava la democracia".

"Los jueces españoles, con el amparo y refuerzo de nuestros órganos de gobierno, y en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción", señaló.

Según los datos de la Memoria del año 2013, los magistrados dictaron 1,6 millones de sentencias y resolvieron casi 9 millones de asuntos frente a los 8,6 ingresados.

Lesmes añadió que "estos datos ponen de manifiesto la laboriosidad de los juzgados y tribunales españoles y ha destacado al Tribunal Supremo, cuyos tiempos de respuesta -15 meses en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y apenas seis meses en la Sala de lo Penal- "están en la vanguardia de los Tribunales de Casación europeos".

Lesmes ha agradecido la "relevante colaboración" del Ministerio de Justicia en la consecución del objetivo de disminuir el número de asuntos pendientes en Supremo, mediante sucesivos planes de actualización, y afirmó que ese apoyo "debería prolongarse de forma estable" para evitar volver "a lacerantes retrasos".

En su discurso el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, dijo que "el fiscal asistió a 326.883 juicios de faltas, lo que representa un 66 por ciento del total de sus asistencias a juicio oral, dato que por sí causa desazón. El enjuiciamiento por el trámite inmediato alcanzó un exiguo 9 por ciento, rubricando el paradójico fracaso de un modelo de agilización que tan útil se muestra, en cambio, cuando se trata del enjuiciamiento rápido de delitos".

La Memoria de la Fiscalía General del Estado revela que el pasado año se dictaron en España más de un millón y medio de sentencias y que la duración media de los procedimientos se sitúa ya en el umbral de los 12 meses.

Los delitos contra el patrimonio se caracterizan por una marcada estabilidad en las cifras tanto de incoaciones como de calificaciones, al menos en los tipos más comunes de hurto, robo con fuerza y robo con violencia; los fraudes experimentan un incremento del 8 por ciento de calificaciones. En este punto lo más reseñable es la frecuencia creciente del empleo de medios o entornos informáticos para su comisión.