Andalucía pide "vía exprés" jurídica para recuperar el dinero público defraudado en los ERE
En rueda de prensa Montero ha reconocido que la cantidad recuperada en el fraude de los ERE es "pequeña" en relación con el dinero defraudado, pero ha afirmado que la propia administración autonómica "es la primera que se ve incomodada por todas las garantías jurídicas que tienen aquellos que han hecho un uso indebido del dinero público".
"Las garantías jurídicas no las pone la Junta, las obligan las leyes. Estaríamos encantados de que pudiera haber un consenso general a nivel nacional para darle muchísima más agilidad jurídica a través de una vía exprés a todos aquellos procedimientos de reclamación de cantidades procedentes de presuntos fraudes o malversación", ha argumentado Montero.
Para la consejera, si no se establecen estos mecanismos por parte del Ministerio de Justicia, dichos procedimientos "se eternizan en los juzgados" y las resoluciones vuelven a ser recurridas, con lo que no se produce "un efecto que debería ser obligado: que en el momento en el que se conoce que ha habido fraude se recupere el dinero a la mayor celeridad posible".
Tras explicar que la Junta "ni mucho menos puede sentirse satisfecha" con la cantidad recuperada ni en el caso de los ERE ni en los cursos de formación, ha indicado que los procedimientos jurídicos actuales "son tediosos y extraordinariamente complejos".
A su juicio los presuntos responsables del fraude "se agarran a cualquier mecanismo para intentar hacer una reclamación que impida la recaudación efectiva del dinero que hubiera lugar", en "una cadena interminable que acaba con la paciencia de cualquiera, pero no con la de la Junta, que va a ser intolerante con que se produzca ningún fraude añadido", ha dicho Montero.
Tras insistir en que el Gobierno andaluz va a poner todos los medios necesarios para recuperar "hasta el último euro defraudado" y reconocer que no es "ajena al profundo malestar e indignación" que ha generado el fraude en los cursos de formación, la consejera ha anunciado que se van a intensificar los controles para las entidades que reciben ayudas y subvenciones de la Junta.
Así, se reforzarán los mecanismos a través de controles sobre dichas empresas y se propondrá a la Agencia Tributaria estatal un convenio de coordinación que permita una "inspección más exhaustiva".
Se incluirán además medidas específicas en planes de inspección anuales que perfecciones los mecanismos de supervisión sobre estas empresas y se establecerán sistemas de compensación automática para que, de oficio, se retenga a los beneficiarios de las ayudas públicas las cuantías que adeuden a las administraciones autonómicas.
Montero ha anunciado también que se establecerá que los beneficiarios de ayudas autoricen expresamente a la administración para recabar "cuanta información considere oportuna para evaluar la capacidad económica y el cumplimiento de los requisitos y fines que se recogen en las convocatorias de las ayudas".