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El Colegio de abogados de Madrid pide ayuda a Bruselas
- La decana, Sonia Gumpert, defiende la suspensión parlamentaria del proyecto de Ley de Justicia Gratuita
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, anunció ayer el envío de una carta al Comisario de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión Europea, Johannes Hahn, y a su predecesora en el cargo y actualmente parlamentaria europea, Viviane Reding, en la que solicita que exija al Gobierno español la inmediata revisión del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita.
La decana solicita la suspensión de su tramitación parlamentaria, y la inmediata reformulación de la misma, en los términos y valores que esta Comisión defiende en Europa de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía.
En su escrito, Sonia Gumpert señala que la Abogacía española, como gestora del Servicio Público de Justicia Gratuita, conoce muy bien su actual problemática y está en la mejor disposición para abordar y contribuir a la reforma y mejoras de este servicio en beneficio del ciudadano y del abogado prestador del mismo, en el contexto de la actual realidad social y económica.
Además, insiste que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita restringe considerablemente el servicio público, lo burocratiza en exceso en perjuicio de los ciudadanos, de la administración pública, de la justicia y de los Colegios de Abogados gestores del servicio.
Recuerda en su misiva, asimismo, que el Consejo General de la Abogacía y los propios Colegios formularon, en su momento, las correspondientes enmiendas de esta Ley, constituyéndose una mesa de reuniones con Justicia.
Gumpert y la diputada de la Junta de Gobierno, Begoña Castro, explicaron ayer, en rueda de prensa, que el proyecto crea desigualdades al reconocer la justicia gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar.
También comentaron que la supresión de la extensión del derecho al beneficio de asistencia jurídica gratuita a todo el proceso limita el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
Además, la posibilidad de asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso contienen graves carencias sobre mediación, asistencia de intérprete, defensa en vía administrativa previa, así como en el nombramiento de contador partidor o administrador concursal.
Gastos de los servicios
Argumentaron también que la intervención de profesionales designados de oficio deberá ser retribuida en todo caso digna, suficiente y puntualmente con cargo a los fondos públicos, actualizando los módulos vigentes. Además, debería hacerse cargo de la totalidad de los gastos que la gestión del servicio suponga para los colegios de abogados, así como para la prestación de servicios de orientación.
En el primer semestre de este ejercicio y analizando los datos con respecto al mismo periodo del año anterior, se observa un incremento importante en el número de designaciones de abogado de turno de oficio, en más de un 10 por ciento.
Este incremento se produce fundamentalmente en materia Civil, con un 21,51 por ciento de designaciones más que en el año anterior.