Funcionarios denunciaron a Silva con partes médicos sobre su estrés en su juzgado, pero el CGPJ archivó la denuncia
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Así lo ha explicado un funcionario de Auxilio Judicial durante el juicio por presunta prevaricación continuada en la instrucción del 'caso Blesa' abierto contra el juez Elpidio Silva, ahora en excedencia y abogado en ejercicio. "Sé que hay compañeras que lo han pasado mal, naturalmente no quieren que vuelva", ha agregado.
Poco antes, otros cuatro funcionarios del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid han dado cuenta de la "caótica situación", el "clima de tensión" y las "quejas" que trasladaron a los inspectores del Consejo del Poder Judicial y han manifestado que algunos tuvieron incluso que llegar "tomar lexatin". Una funcionaria ha explicado que pidió una baja tras un "desagradable" incidente en el que el juez le acusó de "haber sido comprada por Blesa" y Manos Limpias intentó dictarla el contenido de una resolución.
REUNIONES FRECUENTES CON MANOS LIMPIAS
Los funcionarios han puesto de relieve además que "estaba a la vista de todo el mundo" que el juez Silva mantenía un trato diferente con la acusación en el 'caso Blesa' que ejercía Manos Limpias, y que prácticamente "todos los días" mantenía "reuniones prolongadas a puerta cerrada" con esta parte. "Tenían prácticamente libre acceso al despacho del juez", han remachado.
Uno de los testigos ha agregado que el magistrado "amenazaba" en las comparecencias al abogado de Blesa, Carlos Aguilar, con deducirle testimonio y retirarle la defensa de su cliente. "Él pedía la venia antes de la declaración para preguntarle sobre el estado de las recusaciones y el juez le decía que se callara, que íbamos con retraso y la mayor parte de las veces no le dejaba plantear las cuestiones", ha agregado.
El juez Juan Antonio Toro, sustituto natural de Silva, ha afirmado que le llamó la atención la cantidad de recursos pendientes de resolver y que el Juzgado de Instrucción número 9 estaba "desbordado" en número de asuntos "igual" que otros órganos de Plaza de Castilla. El antiguo juez decano de Madrid, José Luis González de Armengol, ha dicho que nunca solicitó Silva que le mandase un asunto de reparto.
El juez Silva está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.