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¿Es constitucional que se aplique desde junio la nueva tributación por despido?

  • El TC cree que existe una retroactividad media aceptable en materia fiscal
  • El plazo pretende evitar una 'avalancha de despidos' para evitar la tributación
Foto: Archivo.


Hacienda puede establecer que las indemnizaciones por despido tributen a partir del día 20 de junio de 2014, tal y como se prevé en el anteproyecto de Ley de la reforma del IRPF, sin que se viole la Constitución por ello. El Gobierno acabará elevando el mínimo de 2.000 euros exento en las indemnizaciones por despido.

Así lo confirman de forma unánime una amplia representación de los asesores fiscales españoles, puesto que existe suficiente jurisprudencia sobre esta materia como para que no existan dudas al respecto. 

El Constitucional, en sentencias reiteradas desde 1997 hasta 2012, ha establecido que las normas fiscales deben ser tratadas con mayor flexibilidad que las penales. Así, considera que existe una retroactividad media, constitucionalmente aceptable, si se impone una fecha de inicio de la medida aprobada -en este caso la tributación de las indemnizaciones por despido en mitad del ejercicio-, antes del 31 de diciembre.

Con ello, se trata de evitar el efecto llamada, o lo que en este caso supondría un gran número de despidos previos a la entrada en vigor de la medida para evitar el efecto tributario de la misma.

Además, el TC tiene establecido también que no existe derecho a la exención aunque esta sea retirada a mitad del ejercicio fiscal, siempre antes del devengo del Impuesto.

Así ha sucedido con los beneficios de la contribución urbana, con la eliminación de los coeficientes de abatimiento; con la deducción del 40 por ciento de las rentas irregulares; con las ventajas tributarias de las stock options y, posteriormente con las Sicav, entre otros muchos casos. Incluso, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de abril de 2013, que avala esta misma doctrina.

Asunto distinto son las opiniones sobre su oportunidad social o para la seguridad jurídica.

Entre los consultados se encuentran Tomas Marcos (Aedaf); José Andrés Sánchez Pedroche (rector de la Udima); Jesús Sanmartín (Reaf); Esaú Alarcón, (Cores Abogados); Clara; Jaime Sol (KPMG Abogados); Clara Jiménez (Pérez Llorca), entre otros muchos.

La semana que viene, en Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, publicará un amplio reportaje sobre el asunto.