La fiscal rechaza la demanda de Urdangarin contra los medios al no vulnerarse su intimidad

En el juzgado de primera instancia número 46 de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio por la demanda por vulneración al derecho a la intimidad planteada por Urdangarin en contra de su exsocio Diego Torres -también imputado en el caso Nóos- y siete grupos editoriales por hacerse eco de informaciones relacionadas con el contenido de sus correos íntimos.

Sin la presencia en el juicio ni de Urdangarin ni de Torres -que ya comparecieron en una vista previa por este caso celebrada en julio pasado-, la fiscal ha pedido que se desestime la demanda, mientras que el abogado del duque, Mario Pascual Vives, ha señalado que ha quedado acreditado que hubo una intromisión en la intimidad del marido de la Infanta Cristina al divulgarse información de "carácter privadísimo".

Urdangarin presentó en mayo del pasado año una demanda por vulneración a su derecho a la intimidad en el que solicitó una simbólica indemnización de un euro -más las costas judiciales- a cada una de las partes contra las que dirigió el litigio, al tiempo que reclamó -y la juez lo acordó de forma cautelar- que se prohibiera la difusión de sus correos electrónicos que afectasen a su intimidad.

La fiscal ha recordado hoy en el juicio que en la comparecencia que se llevó a cabo el pasado 16 de julio, el propio Urdangarin admitió que envió estos correos, pero que no sabía concretamente a qué personas, desde su ordenador profesional en las oficinas del Instituto Nóos, al que tuvieron acceso varios empleados primero y numerosos funcionarios después.

Según la representante del ministerio público, esta versión de Urdangarin difiere del contenido de la demanda, que apunta que eran correos dirigidos a su exsocio Diego Torres, con quien está enfrentado desde que estalló el "caso Nóos", por el que ambos están imputados.

La fiscal ha destacado además que al ordenador profesional de Urdangarin tenían acceso una cantidad "ingente" de personas, que van desde el medio centenar de empleados del Instituto Nóos hasta el CNI y posteriormente, a raíz de la irrupción del "caso Nóos", la Policía Nacional, el juzgado y un informático que contrataron para vaciar el ordenador.

"Era un ordenador de la empresa, por lo que no cumplía con las expectativas de privacidad", ha sostenido la fiscal, que por este motivo ha rechazado el argumento esgrimido por el duque de que no consintió que se divulgaran los correos.

Además, la fiscal ha apuntado que el duque es un personaje con un interés público "innegable" y ha recordado que las informaciones que se hicieron eco del contenido de estos correos íntimos se divulgaron en plena instrucción del "caso Nóos", que siempre ha comportado un gran revuelo mediático.

También ha sostenido que no se ha podido acreditar que los medios demandados publicaran los correos, ya que lo único que hicieron fue hacerse eco de su contenido.

La fiscal también ha subrayado que no existe ninguna prueba de que fuera Diego Torres, el exsocio de Urdangarin, quien recibió los correos íntimos de parte del duque y los facilitó a terceros.

El ministerio público ha alegado además que no ha quedado acreditado qué beneficio podría haber tenido Torres filtrando los correos, y posteriormente los medios publicándolos, y que tampoco no se ha podido demostrar que el duque sufriera ningún tipo de daño moral, psíquico o profesional por la divulgación de su contenido.

Por contra, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha insistido que los correos tenían un carácter "indudablemente privado e íntimo" y ha denunciado que se divulgó su contenido sin su consentimiento: "el entretenimiento no puede ser a costa del ataque gratuito a los derechos del demandante", ha subrayado.

Además, ha indicado que Urdangarin no ejerce ninguna función de carácter público, que la divulgación de los correos no ayuda a informar a la opinión pública sobre aspectos de interés general y que se dio un "matiz morboso" a correos de "carácter privadísimo".

Los abogados de los medios demandados y el letrado de Diego Torres se han alineado con la fiscalía, si bien han ido más allá y han pedido que, además de que se desestime la demanda, se imponga el pago de las costas judiciales al duque de Palma.

Los representantes legales de los medios han alegado además que si los correos llegaron a la opinión pública fue por la "conducta negligente" del duque, a la hora de escribir mensajes de índole íntima en un ordenador profesional al que tenían acceso numerosas personas.