España, en el punto de mira de Europa por los escándalos de corrupción

Cuando un país pasa de estar entre los menos corruptos del mundo a ocupar, nada menos, que el puesto número 30 en pocos años, es que las cosas no van como deberían. Y es que, si bien España formaba parte en 2008 de la exclusiva lista de los 20 países menos sobornables, en 2012 perdió diez puntos y empezó una caída libre que nos sitúa ahora en el puesto número 30, según el índice anual de percepción de la corrupción de Transparency International.

Desde Europa, también están preocupados por cómo andan las cosas por aquí. Escándalos como los Eres fraudulentos de Andalucía, la investigación sobre el desvío de fondos en el sindicato UGT, el caso Nóos o el caso Bárcenas, no podían si no pasarnos factura. Por ello, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que pone en evidencia la "proliferación" de casos de corrupción en España, que "atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones políticas", y recomienda un código de conducta parlamentaria así como un fortalecimiento de la independencia de jueces y fiscales.

Los políticos, en el punto de mira

Si bien el informe que evalúa la "prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales", no cita casos concretos, constata que España "ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios".

Por ello, reclama que se "eleve la transparencia entorno a las relaciones de los parlamentarios con terceras partes que buscan ejercer su influencia en las acciones legislativas, que se dé una información sobre las declaraciones de bienes más detalladas y actualizadas y que se refuerce la supervisión y los mecanismos de prevención en el Parlamento". También valora como "insuficientes" el sistema referente "a los principios éticos y a los estándares de conducta", por eso recomienda al Ejecutivo, la creación de un documento "que demuestre el compromiso del Parlamento con la integridad".

Se trataría de una guía o código de conducta parlamentaria, que el Greco considera que debería surgir por iniciativa propia de los diputados, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión o lobbies.

Por ejemplo, en relación a los regalos que reciben los parlamentarios, recuerda que en la actualidad, los diputados no están obligados a declarar los obsequios u otros beneficios -por ejemplo, la hostelería- que reciben en relación con el ejercicio de su mandato parlamentario. Sin embargo, en su opinión, "es de suma importancia para la credibilidad de los parlamentos para trazar una línea clara entre los regalos aceptables -los de carácter social, o atienden a la costumbre o la cortesía- y los inaceptables".

En juego está, dice el Greco, la confianza de los ciudadanos, que según la institución se ha visto tambaleada por la crisis económica que "ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos", lo que ha hecho que "la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima".

Y es que, precisamente, el último informe del CIS destaca que la preocupación entre los españoles por la corrupción ha aumentado seis puntos y se sitúa como el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos, sólo por detrás del paro.

Poner coto a las 'puertas giratorias'

Pero aún es más, el informe hace referencia a los altos cargos públicos que, tras abandonar la Administración pasan inmediatamente a formar parte de los consejos de empresas privadas. Lo cierto es que no hay que rebuscar demasiado para encontrar ejemplos de dirigentes políticos que, tras abandonar su cargo, ocupan importantes puestos en grandes compañías como Gas Natural, Telefónica o Endesa.

La preocupación de la institución europea por la existencia de esas puertas giratorias con el mundo empresarial, es el riesgo de que un diputado pueda "usar su posición parlamentaria para asegurarse un trabajo en la empresa privada una vez que deje el Parlamento".

Injerencias partidistas en la esfera judicial

De la mano de la corrupción política, llegan las críticas al ámbito judicial, que tienen como punto de partida el "riesgo de politización" que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, durante la elaboración del informe, para lo que el Greco envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de expertos, se puso de manifiesto que "el modo de elección permite a los partidos políticos repartir las vocalías del CGPJ con entre sus candidatos".

Precisamente, el repentino acuerdo entre PP y PSOE para renovar al CGPJ el pasado noviembre, despertó los recelos tanto de jueces y magistrados, como del resto de fuerzas políticas, que no dudaron en tachar el sistema de elección de los vocales de "partidista" y "errónea" y llevada a cabo con "un secretismo injustificado".

Por todo ello, el informe que llega ahora desde Europa recomienda que se analice el marco legislativo que rige el CGPJ y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano", con el objetivo "de corregir una serie de deficiencias identificadas". Así, se refiere, por ejemplo, a "la implementación de una serie de criterios de evaluación objetivos para el nombramiento de los rangos más altos del sistema judicial, para asegurar que esos mismos nombramientos no puedan representar ningún tipo de duda sobre su independencia e imparcialidad".

Más confianza en jueces y magistrados

También pide que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados "sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia del proceso". Pero además, recomienda incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para nominar a altos funcionarios judiciales así como la adopción de un código deontológico tanto para jueces como para fiscales que "sea accesible al público" y que sea complementado "con un dispositivo que prevenga sobre los conflictos de intereses".

Y es que, en relación a la credibilidad que para los españoles merecen los miembros de la carrera judicial, explica el Greco que la tendencia ha sido una constante caída desde el año 2007, similar a la observada con los políticos. Así, el Erubarómetro de 2011 revelaba que el 41 por ciento de los españoles encuestados pensaban que la corrupción estaba muy extendida entre estos miembros, frente al sólo 17 por ciento de 2007.

Y añade que "los efectos del empeoramiento de la economía, la creencia generalizada de que los españoles de que el sistema de justicia funciona mal parece haber exacerbado esta pérdida de credibilidad".

La buena noticia es que, con todo, el Consejo de Europa asegura que, salvo casos aislados, "no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales".

Un método de selección del Fiscal dudoso

En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita que se "reconsidere" el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la "percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante".

Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía "sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa". También aquí, entiende el Greco que sería necesario el establecimiento de un código de conducta para los miembros del Ministerio Público, así como el desarrollo de un marco regulatorio específico para las cuestiones disciplinarias.

Nueva Ley de Transparencia

Pero no todo son malas noticias. El informe destaca, entre otras cuestiones, la aprobación de la nueva Ley de Transparencia que entró en vigor, al menos en una parte de su contenido, hace un mes, y que, precisamente, aborda cuestiones como las puertas giratorias.

Además, hace hincapié en que el proyecto de Ley de Transparencia propone la prohibición de la aceptación de regalos, con la excepción de los de carácter social, la costumbre o la cortesía. También resalta la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, alaba la creación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada en funcionamiento desde 1995, así como "la actitud proactiva de los jueces y fiscales para tratar de atajar los delitos de corrupción".

En definitiva, las quejas y dudas que llegan desde Europa hacen que España tenga mucho trabajo por delante. Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.