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Los Registradores cancelan el proceso de nacionalidades

    Joaquín José Rodríguez, director de los Registros y del Notariado. JESÚS MANCHADO


    La Dirección General pone en marcha la revisión de la demarcación registral, que eliminará y agrupará Registros

    La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha decidido no prorrogar la encomienda de servicio firmada con el Ministerio de Justicia para atender los expedientes de nacionalidad, a partir del 31 de diciembre de 2013, según han confirmado fuentes próximas al órgano de gestión colegial.

    Este acuerdo permitió el despliegue del Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad que logró excelentes resultados. En menos de un año se tramitaron más de 450.000 de ellos, que estaban pendientes, algunos desde hacía años, e impedir que las 10.000 nuevas solicitudes que se registraban cada año acabasen colapsando el sistema. El plan tiene una segunda fase en las notarías, donde se realiza la jura de los nuevos españoles.

    El plan incluyó la digitalización de todos los expedientes para convertirlos en documentos electrónicos. Además, se procedió a crear un sistema de archivo electrónico. Por todo ello, los registradores no recibieron compensación alguna por el operativo y el Colegio financió los medios informáticos.

    Nuevo procedimiento

    El Ministerio de Justicia trabaja en la actualidad en la reforma legislativa para establecer un nuevo procedimiento de tramitación de expedientes que impida que en el futuro pueda darse una nueva situación de colapso.

    La nueva Junta Directiva del Colegio, presidida por Gonzalo Aguilera y nacida de la Asamblea General de Zaragoza, en la que se rechazó que los registradores se hiciesen cargo del Registro Civil, se ha visto sorprendida por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dirigida por Joaquín José Rodríguez, al recibir mediante el fax, el Acuerdo de inicio del procedimiento para la revisión total de la demarcación registral.

    De esta forma, antes de un año, se deberán eliminar los Registros, creados por el Real Decreto 17/2007, que no hayan sido efectivamente creados y aquellos que hayan recibido menos de 1.800 documentos presentados al año. Estos registros quedarán agrupados con el Registro colindante.

    Además, en todas las localidades en que existe más de un Registro de la Propiedad deberán quedar agrupados en uno solo, por el número de registradores que se determine sobre la media anual de documentos presentados, se acuerdo con una escala que se inicia por un registrador cada 2.500 documentos anuales. La escala aumenta de acuerdo habitantes de cada ciudad y el número de Registros, de acuerdo con el de documentos registrados al año.

    En la Comunidad de Madrid, los Registros que no cuenten con gestión de Oficina Liquidadora se deberán agrupar a los que sí tengan esta competencia para ser gestionados en división personal.

    En cuanto al Registro Mercantil, el número de registradores se determinará por cada 13.000 cuentas anuales depositadas y los Registros unipersonales se unirán en Registros unipersonales se unirán en Registros en régimen de división personal. En estos casos, se segregará el de Bienes Muebles, que pasarán a ser independientes con un máximo de 4.000 cuentas anuales.

    La resolución de la DGRN establece que los registradores deberán mantener uniformidad en los criterios de calificación, "sin perjuicio de su independencia". También, se guarda la competencia de abrir oficinas de atención registral en los municipios que lo crea preciso.