Abogados y procuradores catalanes avisarán a los servicios sociales de desahucios

Así se establece en el protocolo de actuación para casos de desahucios en Cataluña que han firmado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la conselleria de Justicia, las cuatro diputaciones provinciales, la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo de Procuradores de Cataluña.

En este acuerdo se establece cómo se debe actuar ante un caso de desahucio de viviendas de particulares, para que no se ejecute ningún desahucio por impago de hipoteca o de alquiler sin que lo sepan los servicios sociales.

Según este protocolo, los servicios sociales deberán hacer un informe para valorar si se tiene que continuar con la diligencia de alzamiento en los casos de impago de prestamos hipotecarios o de alquileres, y poder así facilitarles los servicios y las actuaciones que sean necesarios para evitar la exclusión social.

También establece que en el término máximo de quince días los servicios sociales del ayuntamiento en el que esté el inmueble objeto de desahucio deberá tramitar el informe, y que su falta o su retraso nunca será causa de suspensión.

El protocolo señala que los períodos de crisis económica provocan un aumento de procedimientos que llevan aparejada en ejecución el desahucio de la vivienda, y que esta situación ha dado lugar a un gran esfuerzo de los actores institucionales para paliar estos casos en la medida de lo posible.

El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha señalado tras firmar este acuerdo que hoy era un día de satisfacción porque se habían dado pasos para hacer una sociedad menos injusta.

Según Gimeno, se trata de que las personas tengan amparo y se les facilite otra vivienda, y ha matizado que aunque hasta ahora ya se actuaba si localizaban familias que debían ser embargadas en mayo para retrasarlo hasta junio para no interferir en el curso escolar, faltaba la implicación de otras entidades.

Ha recordado que no había sido fácil llegar a un acuerdo debido al gran número de municipios que impedían suscribir acuerdos en cada caso, y que ya ante el hecho de que ciertos servicios de los municipios más pequeños los prestan entes supramunicipales, el acuerdo se ha formalizado con ellos.

Para el conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, que también ha firmado el documento, el no tener competencias en este ámbito no significa que el problemas no sea del Gobierno catalán, y ha remarcado que "desde las instituciones catalanas tenemos la obligación de dar respuesta a los problemas de cualquier ciudadano".

Todos los asistentes a la firma han coincidido en la importancia de este acuerdo, porque hay una línea roja que no se puede cruzar y la exclusión social es un riesgo, y porque además está en juego el sufrimiento de muchas personas y la dignidad de la sociedad.