El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Privada que colaborará con la pública

La futura ley, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a 85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.

"No se trata en absoluto de privatizar la seguridad, sino de utilizar el potencial de la seguridad privada bajo el principio irrenunciable de preeminencia de la seguridad que ejercen las fuerzas de seguridad para mejorar", ha destacado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Entre las modificaciones que incorpora el proyecto con respecto al texto inicial y después de estudiar los observaciones de 44 entidades, las empresas de seguridad privada no podrán realizar investigaciones, una labor reservada a los detectives y estos tampoco podrán entrometerse en las funciones de los primeros.