El Gobierno argentino recurrirá ante la Corte Suprema la polémica reforma judicial
"No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución", afirmó en declaraciones radiales el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, quien aseguró que el Estado apelará el fallo antes del viernes.
Alak anticipó que el Gobierno recurrirá al mecanismo del "per saltum", que permite al Supremo tomar para sí la causa de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias correspondientes.
La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría declaró hoy inconstitucional la elección popular de consejeros de la Magistratura, prevista en la nueva ley.
"Las normas que han sido materia de análisis resultan violatorias del principio de división de poderes por afectar tanto la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Magistratura que fueron electos como así también el equilibrio que debe regir el funcionamiento de dicho cuerpo", sostiene el fallo.
"Queda sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura", resolvió la jueza.
Pese a la resolución judicial, el oficialista Frente para la Victoria inscribió hoy ante Servini de Cubría sus candidatos a consejeros para las elecciones primarias del 11 de agosto, previas a las legislativas de octubre.
Fuentes del partido gobernante se mostraron confiadas en que el recurso que presentará el Estado permitirá que el fallo "no quede firme" y puedan votarse los seis nuevos miembros del Consejo de la Magistratura que contempla la norma.
El ministro de Justicia señaló que con el fallo "se está impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano" y denunció que la decisión de la jueza federal responde a un "esquema corporativo, aristocrático y predemocrático".
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, salió también a censurar la resolución y denunció la maniobra de "una corporación que se está defendiendo por encima de defender al conjunto de los argentinos".
Boudou aseguró que el Gobierno nacional seguirá "peleando y discutiendo" para "que haya más participación" y "exista una instancia más donde el pueblo elija a sus representantes, en este caso en el sistema de justicia".
La resolución de Servini de Cubría es la primera que se pronuncia sobre el fondo de la ley, pero varios jueces habían dictado con antelación medidas cautelares que dejan en suspenso su aplicación.
La magistrada se pronunció sobre los amparos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y el Partido Demócrata Cristiano.
La reforma impulsada por el Gobierno de Fernández y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso aumenta de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura y contempla su elección por votación popular en candidaturas partidistas.
La reforma judicial también contempla, entre otras medidas, la limitación de las medidas cautelares que dejan en suspenso leyes aprobadas por el Parlamento, la creación de tres nuevas cámaras de casación y la posibilidad de permitir el ingreso a la carrera judicial mediante oposiciones.
Juristas y oposición se movilizaron en contra de las nuevas leyes por considerar que constituyen la "partidización y la politización" de la Justicia.
Por el contrario, el Ejecutivo sostiene que pretende "democratizar" el sistema judicial.
También la relatora especial de la ONU para temas de la reforma de la justicia, Gabriela Knaul, ha criticado las iniciativas del Gobierno, lo mismo que organismos como Human Rights Watch.