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Gallardón otorgará nuevas funciones a los procuradores

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    Los más de 10.000 procuradores que prestan sus servicios en España verán ampliadas sus atribuciones a través del Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

    El objetivo consiste en aproximar las atribuciones de este sector a las que tienen sus homólogos en otros países del entorno comunitario. Así, los ciudadanos podrán elegir entre el procurador -bajo la dirección del secretario judicial- o los funcionarios de la Administración de Justicia, para que uno de los dos se ocupe de actos de comunicación, embargos, así como algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso. Actualmente estas atribuciones pertenecen a los funcionarios de Justicia.

    En concreto, las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son los actos de comunicación, "garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos"; la realización de embargos de bienes muebles y cuentas corrientes; y el incremento de sus funciones en los procesos de ejecución, ya que podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarle.

    Además, los Colegios de Procuradores podrán encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados -tarea que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia-, de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial. También podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

    Justicia también aclara que mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

    Juicio verbal y monitorio

    La ley también se reformará para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar la indefensión sin demorar el proceso. Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista permitiendo así la agilización del procedimiento y que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

    Además, en los monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, que declaró no ajustado al Derecho comunitario el procedimiento monitorio español: la ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de cláusulas abusivas en este tipo de procesos, previa audiencia de las partes.