El juicio por la matanza de Carandirú se atrasa otra semana, tras 20 años
El proceso a 26 de los 79 policías acusados de la mayor matanza en las cárceles del país comenzó hoy, dos horas después del horario previsto, con la elección del jurado, compuesto por cinco mujeres y dos hombres de una lista de 25 candidatos.
Después, el juez José Augusto Nardy Marzagao leyó las acusaciones contra los 24 policías que se presentaron al juicio, pues dos de ellos se ausentaron sin que se informara del motivo y fueron representados por sus abogados.
Durante la lectura, una de las mujeres del jurado popular se sintió mal y tuvo que ser atendida por el servicio médico del Tribunal de Justicia de São Paulo, tras lo cual el juez pospuso durante una semana el inicio del juicio.
La llamada "masacre de Carandirú", resultado de una ofensiva policial para contener una trifulca interna en esa cárcel de Sao Paulo, fue durante estos veinte años un episodio de inspiración para escritores, como el exmédico del presidio Drauzio Varela, o cineastas, como el argentino Héctor Babenco.
No obstante, el tiempo y la lentitud del sistema judicial brasileño fueron apagando los gritos de clamor de Justicia y una prueba de ello fue la ausencia de público para el inicio del juicio.
Un movimiento estudiantil, a bastantes kilómetros del lugar de la matanza y del juzgado, puso 111 cruces en homenaje a las víctimas en el Plaza de São Francisco, frente al céntrico edificio de la Facultad de Derecho de São Paulo, la más antigua del país.
La justicia procesará a 79 policías en cuatro fases. Los 26 policías de la primera fase responderán por el cago de homicidio doloso cualificado con intención de matar sin posibilidades de defensa para la víctima, por la muerte de quince presos en el patio número 9 del extinto centro penitenciario.
En total eran 84 los acusados, pero en las dos décadas que acumula el proceso cinco murieron, dos de los cuales actuaron precisamente en el patio "9".
En el lugar de los hechos murieron 102 presos, otros nueve fallecieron en hospitales y 87 resultaron heridos.
La defensa alega que sin las pruebas técnicas de balística es imposible determinar qué agentes dispararon y mataron, pues en el operativo participaron 284 efectivos de la Policía Militarizada.
El coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca entró en prisión y se dedicó a la vida política como diputado regional hasta 2006, cuando fue absuelto en apelación.
Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias en su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente del crimen por falta de pruebas.
Además, el entonces director del penal, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a balazos en 2005 tras votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.
Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC).
La abogada defensora de los 26 acusados, Ieda Ribeiro de Souza, alegó que si Guimaraes fue absuelto, la Justicia debería "por extensión" hacer lo mismo con el resto de los acusados.
El Ministerio Público, en tanto, fundamenta su acusación en el hecho de que los presos estaban, según las investigaciones, sin armas de fuego, lo contrario a lo que dijo la Policía para justificar los disparos.
En el caótico operativo hubo trece policías heridos por armas blancas, pero no murió ninguno.
La cárcel de Carandirú fue parcialmente demolida en 2002 para la construcción de un parque y una biblioteca.