El acusado en el Scala admite el pago de 100.000 euros en comisiones a un exconseller balear del PP
Hoy se ha celebrado en la Audiencia de Palma la primera jornada de este juicio oral por el expolio de 8,27 millones de euros entre los fondos públicos saqueados, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas entre 2003 y 2007, cuando Jaume Matas gobernaba la comunidad.
Se trata del primer conseller de Matas que se sienta en el banquillo por un caso de corrupción política.
Quince de los dieciocho acusados han admitido la culpabilidad de los delitos y a otro se le ha retirado la acusación. Solo el exconseller Cardona, que ha proclamado su inocencia, y un presunto testaferro no han aceptado las acusaciones del Ministerio público.
Aunque las conformidades se han producido a lo largo de la instrucción de esta causa, la del ex director general ha tenido lugar hoy mismo, cuando ha entregado un escrito al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma en el que admite haber cobrado comisiones en efectivo de los proveedores contratados por el CDEIB.
También ha confesado haber sido consciente de que se manipulaban expedientes para contratar siempre a los mismos proveedores, haberse aprovechado de ello "aceptando la percepción de comisiones" y haberle entregado sobres con dinero en efectivo de dicha procedencia al exconseller.
"Yo personalmente le entregué a lo largo del período 2003-2007 en unas cinco ocasiones sobres que contenían dinero y que me fueron entregados por Antonia Ordinas (exgerente del CDEIB) a tal efecto. Las cantidades que contenían los sobres eran aproximadamente 20.000 euros cada uno", señala Viaene en el escrito.
El que fuera número dos de Cardona ha asegurado que el exconseller ejercía un "férreo control" de todas las actividades de la Conselleria y del CDEIB, y siempre tenía la última palabra en cualquier actuación.
Para Viaene, defendido por el abogado Gaspar Oliver, la Fiscalía ha pasado de pedir 20 años de prisión y 7,5 millones de multa a 5 años y 10 meses y 703.600 euros de sanción.
También ha admitido los hechos la tercera principal acusada, la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se halló enterrada durante un registro la famosa lata de Cola-Cao con 360.000 euros de dinero malversado.
Ordinas ha colaborado en la investigación de los hechos y ha devuelto dinero durante la fase de instrucción, por lo que su petición de pena ha pasado de 7 años de prisión y una multa de 1,05 millones a 4 años y 2 meses y 503.600 euros.
En conjunto, con el nuevo escrito de la Fiscalía tras las conformidades de quince acusados, la petición provisional de penas de cárcel baja de 114 años y 6 meses a 51 y 9 meses, y las multas de más de 19 millones a 9,38 millones.
Sin embargo, la responsabilidad civil solicitada por parte de la Fiscalía se ha incrementado hasta los 11 millones de euros.
El otro acusado que no se conforma con la pena solicitada es Jaime Julio Fernández Abad, supuesto testaferro que es el marido de la exsecretaria de Ordinas.
El juicio continúa mañana con el interrogatorio a Antonia Ordinas.