Ecoley
Excongresista peruana reconoce que fue mando logístico de Sendero Luminoso
Malpartida declaró esto durante una audiencia del proceso que se sigue contra el cabecilla senderista Florindo Flores Hala, "Artemio", por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.
La excongresista, que también fue dirigente de los cultivadores de hoja de coca ilegal, se presentó como testigo en el juicio, donde reveló que en 1989 fue nombrada mando logístico de Sendero en el caserío de los Milagros, en la región Huánuco.
"En el año 89 llegaron un grupo de personas, nos reunieron en un local y me nombraron mando logístico, fue exactamente en el mes de febrero", detalló.
Malpartida, que actualmente trabaja en el programa estatal Mi Vivienda, dijo que se encargó durante un mes de la alimentación de la población durante las faenas agrícolas, pero aseguró que no lo hizo para alguna columna terrorista.
Enfatizó que luego abandonó esa localidad y en todos estos año no reveló el hecho por temor a sufrir represalias.
Negó, sin embargo, haber tenido alguna relación con "Artemio" y rechazó las declaraciones de testigos que la han vinculado con el cabecilla terrorista e indican que este le entregó dinero para financiar su campaña electoral.
La también exdirigente cocalera y exlegisladora Nancy Obregón negó, por su parte, haber conocido o recibido directivas de "Artemio" y rechazó la versión de un testigo, que afirmó haber visto una reunión entre ella y un lugarteniente de "Artemio".
La semana pasada, otro de los altos mandos de Sendero Luminoso, Oscar Ramírez Durand, acusó a "Artemio", de haber dado dinero al fundador de esa agrupación subversiva, Abimael Guzmán, quien cumple una sentencia de cadena perpetua.
"No se puede decir 'nunca le he dado dinero a Guzmán'. Hasta yo le he dado dinero a Guzmán porque todo era centralizado", afirmó "Feliciano", quien también ha sido condenado a cadena perpetua.
La Fiscalía ha solicitado que "Artemio" sea sentenciado a cadena perpetua y al pago de 7.000 millones de soles (unos 2.700 millones de dólares) de reparación civil al atribuirle medio millar de actos terroristas en el valle del Huallaga y el asesinato de unos 60 policías, un fiscal y un número indeterminado de civiles.