El Notariado rechaza la reforma del Registro Civil
Si hay un sector que ha sido crítico con el Proyecto de Ley de Reforma de los Registros -por el que los registradores de la Propiedad y Mercantiles se harán cargo del Registro Civil- ha sido el de los notarios. Y ayer el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, ahondó aún más en su postura: se trata de una "ley nefasta" que "privatiza el Registro Civil" y promueve "una subordinación absoluta" de los notarios a los registradores.
Así lo declaró en el marco del desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y La Ley Wolters Kluwer, como colofón a los ya celebrados con Joaquín Rodríguez Hernández, director general de los Registros y del Notariado, y Alfonso Candau, decano del Colegio de Registradores de España (Ver elEconomista de 13 y 21 de marzo).
Se refirió García Collantes, en primer lugar, a la asunción por parte de los notarios de nuevas funciones como la autorización de bodas y divorcios. Y fue tajante: se trata de "una cortina de humo y un fraude". Aseguró que desde el Notariado "no se ha pedido asumir estas competencias" que el Ministerio de Justicia les da ahora "en unas condiciones deshonrosas".
Explicó que a pesar de que se otorguen estas competencias a los notarios estos actos no tendrán validez hasta la calificación del registrador, por lo que "la subordinación de los notarios es absoluta" y una "bofetada gratuita" al colectivo. Lo mismo ocurre, dijo, con los expedientes de nacionalidad, en que se relega a los notarios "a ordenar papeles". No obstante, quiso dejar claro que "no hay una lucha corporativa entre notarios y registradores, sino una distinta concepción de la seguridad jurídica preventiva".
Privatización del servicio
Por otro lado, indicó que si bien "no hay inconveniente en que los registradores se hagan cargo del Registro Civil, pues son "profesionales de primer nivel", si se trata de una simple cuestión de llevanza "no hay por qué cambiar los principios configuradores de una Ley" que, recordó, se aprobó "con el consenso de todos los grupos parlamentarios" y que aún no está en vigor, por lo que "no conocemos su bondad".
El problema, dijo, es que se trata de "una privatización de un servicio público esencial, hasta ahora pagado por el Estado y que, a partir, de ahora, se soportará por los ciudadanos". Una privatización, sin embargo, que el Ministerio ha negado reiteradamente.
A este respecto, dijo que "nadie se hace cargo de un servicio perdiendo dinero" por lo que, a pesar de que el anteproyecto no contiene un estudio de viabilidad económica -punto éste, de los más criticados entre un sector de los registradores-, "los registradores ganarán dinero con el servicio".
Datos "sensibles"
Se refirió también García Collantes al aumento de los hechos inscribibles, como es el caso de los poderes y del domicilio. Y es que, en su opinión, este "aumento extraordinario" del elenco de actos inscribibles "es un atentado brutal a la intimidad". Es "peligrosísimo", aseguró, que un empleado del registro, con el DNI de una persona pueda saber su vida entera: sociedades constituidas; propiedades; domicilio; poderes otorgados; o los seguros contratados. Se trata, apostilló, "de aumentar los actos inscribibles para aumentar la financiación".
Además, también aumentan las certificaciones para actos para los que hasta ahora era suficiente la escritura pública, lo que, a su juicio, echa por tierra el argumento de que con la reforma se ganará una mayor agilidad del tráfico jurídico.