El fiscal pide el suplicatorio para poder "imputar formalmente" a Blanco

En el escrito, el fiscal del caso, Manuel Dolz, interesa la tramitación del suplicatorio "a la vista del estado actual de la investigación, sin perjuicio de que ésta continúe en comprobación de indicios que permitan sustentar con mayor solidez uno de los delitos (cohecho) por los que se incoó esta causa" o "cualesquiera otros".

La investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en el Juzgado de Lugo -donde se instruye la causa principal por la "operación Campeón"- por el principal imputado en este caso, el empresario Jorge Dorribo.

Éste aseguró que instantes antes de verse con el exministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al entonces titular de Fomento.

Sin embargo, el fiscal obvia este asunto al pedir el suplicatorio y se centra en la supuesta mediación de Blanco en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

El fiscal recuerda que el propio Blanco, en su declaración voluntaria como imputado el 26 de enero de 2012, reconoció que la amistad entre ellos procede de la infancia, ya que ambos son naturales de la localidad de Palas del Rei (Lugo) y esa relación se incrementó hace 15 años, por lo que son frecuentes sus contactos personales y el empresario le ha hecho partícipe de proyectos empresariales propios y ajenos.

"En este marco", indica Dolz, el 15 de diciembre de 2010 Orozco pidió a Blanco que influyera ante el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, del PSC, para conseguir una licencia ambiental favorable a la instalación de la citada nave, que "estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos", cuyo cumplimiento le habrían supuesto un coste de entre 175.000 y 500.000 euros.

"La influencia del Sr. Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa del Sr. Orozco se articuló a través del secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, D.Isaías Taboas", miembro del PSC, quien "por encargo" del exministro habló con el alcalde de Sant Boi "para que se removieran los obstáculos que impedían la concesión de dicha licencia".

Gracias a estas mediaciones, Orozco se reunió el 9 de febrero de 2011 con el alcalde en el Ayuntamiento y para que pudiera obtener la licencia "se le rellenó un impreso" en el que "se cambió la nomenclatura formal de la actividad" para evitar los citados costes económicos y se excluyó de la licencia "la autorización del parking".

Ese mismo día, Orozco llamó a Blanco "para que actuara en su propio ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA y Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) las resoluciones favorables" para obtener la licencia de obra mayor que había solicitado al Ayuntamiento de Sant Boi.

Al día siguiente, el ayuntamiento solicita un nuevo informe al técnico municipal Josep Ruiz y éste informa favorablemente para la concesión de la correspondiente licencia ambiental.

Ese mismo 10 de febrero, Orozco habla por teléfono "con persona desconocida" y le comenta que ayer estuvo con el alcalde de Sant Boi, resaltando que le han dado todo tipo de facilidades para después añadir: "siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país".

En esa misma conversación, Orozco dice pertenecer a la "liga oculta" de Blanco y le explica que procura quedar con él "en ningún sitio notorio donde se nos pueda ver", "quedamos en lugares de poco tránsito" y "él me va arreglando las cosas", destaca el escrito.

En una rueda de prensa en el Congreso, Blanco ha lamentado que no se haya reclamado antes, con carácter previo a las investigaciones, y no como "colofón" de la mismas, y ha dejado claro que si el juez acepta la petición del fiscal y decide pedir el suplicatorio él reclamará al Congreso que lo conceda.

Y en el caso de que, cuando concluya la instrucción y se resuelvan todos los recursos presentados, el juez finalmente decida dictar un auto de apertura de juicio oral contra él, su intención es dimitir: "Haré lo que debo hacer -ha insistido-, lo que creo que se debe hacer, presentaré mi renuncia como diputado".

Ha precisado, en este contexto, que todavía no hay un auto que dé por concluida la instrucción ni una aceptación de la propuesta de la Fiscalía y que, además, también están pendientes de resolver varios recursos planteados.

"Si una vez concluida la instrucción, el juez finalmente dictara auto de apertura de juicio oral, yo haré lo que debo hacer, en ese momento presentaría mi dimisión", ha enfatizado, confiado en que la Justicia "dejará meridianamente claro" que las acusaciones que pesan sobre él son "total y rotundamente falsas".

Blanco ha defendido su inocencia y ha señalado que desde el primer día ha reconocido que se interesó por la situación de un expediente para una nave industrial en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), pero nunca influyó ni presionó al alcalde de la localidad, a quien ni siquiera conocía.