El TC rechaza un recurso sobre los "niños robados" por su mala argumentación
El caso de niños robados investiga una trama de sustracción de bebés en clínicas y otras instituciones de toda España que, según las asociaciones de perjudicados, se extendió desde los años 50 a los 90 y pudo afectar a miles de personas.
A este respecto, el Tribunal apunta en su auto de hoy que por el defecto formal "no puede examinar la proyección que sobre el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha tenido la decisión de cierre anticipado de la investigación penal de unos hechos que, por su naturaleza, han tenido una notable resonancia mediática, además de haber podido causar un grave quebranto a los perjudicados".
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la decisión del alto tribunal no cierra la puerta a la admisión de otros posibles recursos de amparo referidos a este asunto que sí cumplieran el requisito impuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En su auto de hoy, el TC reprocha al abogado recurrente no haber incluido en su recurso una defensa específica de su vinculación con la interpretación de las leyes y de las decisiones de los poderes públicos que el alto tribunal debe hacer en relación con la Constitución.
Así lo exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y así lo explica el TC cuando reprocha al abogado que no haya desarrollado "razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional", además de la existencia de un derecho fundamental en juego.
El recurso se originó cuando una mujer formuló denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga por la supuesta sustracción de un recién nacido en el Hospital Civil de Málaga.
El juzgado acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones al considerar que no había quedado acreditada infracción penal alguna y que, si los hechos penales denunciados se hubieran demostrado, la responsabilidad penal estaría prescrita.
Contra dicho Auto la demandante interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, que lo desestimó, decisión contra la que recurre en amparo ante el Constitucional.
La decisión del alto tribunal se ha adoptado por mayoría y contra ella el magistrado Fernando Valdés ha presentado un voto particular en el que considera que el fallo "revela un juicio en exceso formalista, expresivo, en mi opinión, de una rigurosa inteligencia jurídica".