Un tercio de jueces catalanes secunda la huelga por las reformas en justicia
Según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de los 789 jueces y magistrados catalanes, han comunicado que secundaban el paro convocado contra las reformas en la justicia un total de 267, lo que supone el 33,84 % de la plantilla.
Los datos de seguimiento facilitados por el TSJC, que incluyen solo información sobre los jueces que han comunicado oficialmente que secundaban el paro, es inferior a la que manejan las asociaciones convocantes, que estiman que un 56 % de jueces y fiscales de Cataluña no han acudido hoy a trabajar.
Concretamente, en la provincia de Barcelona han apoyado la huelga 189 jueces, 26 en Girona, 11 en la demarcación de Lleida y 41 en la Tarragona, según los datos del TSJC.
En todo caso, el paro ha sido minoritario entre los fiscales de Barcelona, que en su mayoría han acudido hoy a trabajar con normalidad, según ha podido comprobar Efe.
Jueces de todas las jurisdicciones -incluidos los de la Audiencia de Barcelona y del TSJC-, fiscales, abogados y funcionarios de la administración de justicia han coincidido este mediodía a las puertas de la Ciutat de la Justicia de Barcelona en la concentración de protesta contra las reformas aprobadas por el Gobierno.
En declaraciones a la prensa, el magistrado Josep Antoni Rodríguez, portavoz de Jueces por la Democracia en Cataluña, ha asegurado que la huelga ha sido secundada por la mitad de los miembros de su asociación.
Según Rodríguez, con su paro, jueces y fiscales pretenden expresar su rechazo a las reformas en la administración de Justicia que ha anunciado el ministro, Alberto Ruiz Gallardón, dado que, a su parecer, buscan limitar las competencias de los jueces y contribuirán a congestionar aún más una administración ya de por sí colapsada.
"Parece que a los políticos no les interesa que exista un poder judicial fuerte", ha añadido Rodríguez.
En la misma línea se ha manifestado Francisco Javier Pérez Ruiz, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cree que el paro de hoy está justificado por la falta de medios y la sobrecarga de trabajo que soportan los profesionales del ministerio público, además de por unas tasas judiciales que en su opinión limitan el acceso a la justicia.
El desacuerdo con las tasas judiciales, que aúna a jueces y fiscales, ha motivado que a la concentración convocada para hoy en Barcelona se hayan sumado representantes de los colegios de abogados de Cataluña.
Lluís Sales, secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, ha exigido "la derogación de la ley de tasas judiciales" -una rebaja de la cuantía sería a su parecer "inaceptable"-, y ha pedido a las instituciones que interpongan recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra ese nuevo impuesto para acceder a la justicia.
En su opinión, las tasas son "una traba importantísima para el acceso de la ciudadanía a la justicia y un auténtico ataque a la tutela judicial efectiva".