Primera dimisión en el Ayuntamiento de Santiago por la Operación Pokemon
Vázquez Aldrey, a quien se le achacan los cargos de cohecho y tráfico de influencias, ha quedado en libertad bajo fianza de 15.000 euros decretada por la jueza que instruye el caso en Lugo, Pilar de Lara.
Además, De Lara ha decretado el ingreso en prisión de Ángel Espadas, exconcejal del Ayuntamiento de Santiago y otrora asesor del exalcalde Gerardo Conde Roa, acusado de prevaricación, uso de información privilegiada y cohecho, y también envió a la cárcel al delegado de Aquagest en la capital gallega, José Luis Míguez, por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
En la operación Pokemon, que comenzó en un juzgado de Lugo, se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener concesiones y contratos públicos en varias ciudades, que en su segunda fase, "Manga", no solo se circunscriben al territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y Cataluña.
El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo Vendex y sus distintas filiales, ahora también en Aquagest y GRS Arc Local.
El consistorio compostelano cuenta con seis de sus integrantes, tres en el grupo de gobierno, uno de ellos el regidor, imputados en la operación Pokemon: además de Vázquez Aldrey figura el alcalde, Ángel Currás, acusado de tráfico de influencias aunque no se han fijado para él medidas cautelares, y la responsable de Educación, Rebeca Domínguez, en las mismas circunstancias que Currás.
En Cataluña fueron detenidos Robert Fauria, presidente del Consell Comarcal de la Selva y alcalde del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm; el apoderado de la empresa GRS Arc Local J.M.F.I.G.; y el administrador de esa empresa, A.R.V, dedicada a consultoría, que permanecen en los juzgados lucenses prestando declaración.
El jefe de departamento de la organización de servicios ciudadanos del Consejo Comarcal de Selva, J.C.F.M., ya ha sido puesto en libertado bajo fianza de 5.000 euros tras ser imputado por cohecho y tráfico de influencias.
En Asturias fue detenido Joaquín Fernández Díaz, empresario, edil de San Martín del Rey Aurelio y hasta ayer presidente del PP local, que ha quedado en libertad provisional acusado de tráfico de influencias.
Tras las medidas procesales decretadas por la magistrada, el concejal de Seguridad Vial de Santiago ha anunciado que esta misma tarde dejará de militar en el PP y que el próximo lunes formalizará su renuncia como edil en la capital gallega, además de abandonar su escaño en la Diputación de A Coruña.
"Con la renuncia a mis responsabilidades públicas y orgánicas tanto en las instituciones como en el PPdeG aspiro a poder dedicar el 100 por cien de mi tiempo a demostrar mi honradez y mi inocencia", notifica a través de un comunicado, en el que traslada su interés en "no perjudicar" a su partido ni a la institución provincial.
Los partidos gallegos en la oposición han pedido la dimisión de los políticos imputados en este proceso, empezando por el regidor compostelano, y han instado al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a que "intervenga" y "mueva ficha".
Por su parte, el PPdeG cree un "error" que pidan la dimisión de Currás porque el regidor debe tomar "las riendas de la situación y asumir una responsabilidad más importante si cabe" en estos momentos.