La justicia gratuita ignora a los graduados sociales
El anteproyecto de la Ley de Justicia Gratuita, que actualmente se encuentra en fase de tramitación, excluye de su texto los servicios que actualmente prestan los colegios oficiales de graduados sociales.
Este servicio se realiza con colegiados que de forma voluntaria se inscriben en las listas del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita, para prestar el servicio de asesoramiento y de representación en los procedimientos, bien en las oficinas colegiales o bien en los juzgados.Estos colegiados atienden a las personas más necesitadas y cuando han recibido el asesoramiento y deciden ejercitar sus derechos en el juzgado, el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita les ofrece un listado con todos los graduados sociales que haya en su distrito postal para que puedan elegir.
Los profesionales no cobran ni un céntimo por estos servicios cuando el demandante del servicio carece de ingresos y de patrimonio y así lo justifica mediante la declaración del IRPF o, en su defecto, si no la hace mediante las correspondientes certificaciones. Sin el apoyo de Justicia, esta es la única forma de comprobación de que disponen.
Sin el apoyo ministerial
"No entendemos por qué el anteproyecto no contempla la figura del graduado social, como lo hace con la del abogado o la del procurador. Le he ofrecido al ministro, en varias ocasiones, que la Ley regule esta actividad de asistencia gratuita. Nuestro colectivo actúa sin el apoyo adecuado, practicando la justicia gratuita a nivel nacional, soportando el coste económico y dando un servicio inmejorable", afirma Javier San Martín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
"Nos duele mucho que sea el Consejo General de la Abogacía quien más se oponga cuando se trata de un apoyo a la sociedad", añade.
Algunos colegios, como los de Málaga o Palma de Mallorca, resuelven más de 5.000 consultas al año en materia laboral y de Seguridad Social, sin invadir otros campos. "Hemos comenzado como lo hicieron en su momento los abogados por un sentido filantrópico de unos cuantos, que trataban de ayudar a quien menos tiene. Nosotros hemos hecho lo mismo. Somos personas que queremos ayudar a quien no tiene. Me parece que es absurda esta situación porque a la Administración y al contribuyente no les cuesta nada", afirma San Martín.
No existe diferenciación entre el trabajo que hacen abogados y graduados sociales en el campo laboral y de la Seguridad Social, que al fin y a la postre se trata de un servicio social de carácter profesional.
En esta misma línea se encuentra la falta de legitimación legal de los graduados sociales para firmar los recursos de casación. Estos profesionales tienen capacidad procesal para actuar ante los juzgados de lo Social, los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo, pero el Gobierno no les faculta para firmar recursos de casación.
En estos casos, son los propios graduados sociales quienes realizan los escritos, buscan las sentencias de contraste necesarias, pero el recurso lo tiene que firmar alguno de los abogados empleados en sus propios despachos. Señala San Martín que "pedimos que se imponga un poco de sentido común, para que no nos priven de un derecho que es necesario".
En la misma línea, este colectivo es una de las profesiones jurídicas que carecen de representación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde sí están representados abogados, notarios o secretarios judiciales. El proyecto de Ley del CGPJ no incluye a los graduados sociales, sin que se haya justificado tal discriminación.
Mientras tanto, en el ámbito de la mediación, los graduados sociales han convertido a sus colegios en entidades impartidoras de cursos para que sus profesionales colegiados puedan desarrollar adecuadamente esta actividad.
Preguntado por elEconomista sobre las tasas judiciales, San Martín se muestra favorable como única formula para desmotivar a quienes abusan del sistema, aunque considera que son demasiado elevadas.