El fiscal de Barcelona pide que Unió pague por beneficiarse de otro desvío de fondos a través de una fundación
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que UDC pague 176.000 euros como responsable civil subsidiario y a título lucrativo al considerar que se ha beneficiado de una supuesta trama de desvío de fondos a través de la Fundació Catalunya i Territori (FCT), vinculada al partido democristiano, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
Esta petición del fiscal Francisco Bañeres se produce semanas después de que Unió fuese condenada a devolver 388.483 euros junto a cuatro acusados de la trama 'Pallerols' por haber recibido de forma irregular fondos que tenían que ser destinados a la formación de parados.
En el caso de la Fundació Catalunya i Territori, el fiscal cree que el grupo de empresas IMS --cuyos administradores eran vocales de la fundación-- pagó a la empresa Kontrast Produccions servicios prestados a Unió en la organización de eventos con un coste de 116.583 euros, lo que considera un delito de apropiación indebida.
También cree que la fundación abonó a Kontrast facturas por gastos del partido democristiano por un importe de 60.000 euros, según el escrito del fiscal enviado al Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona al que ha tenido acceso Europa Press.
Por otra parte, el fiscal considera que la fundación, destinada a priori a "impulsar el sentimiento de la nación catalana y fomento de la cultura y lengua catalanas", cedió locales al partido durante largos periodo de tiempo, que luego le vendió a un precio sensiblemente menor al del mercado, lo que representaría un delito de administración desleal.
Estas consideraciones se recogen en el escrito enviado al juez contestando a las diferentes peticiones de sobreseimiento de cinco querellados, y que el fiscal descarta al considerar que "se desprenden indicios serios y fundados de la existencia de comportamientos delictivos" que en su opinión deben resolverse en juicio.
Estos presuntos movimientos irregulares de los que se podría haber beneficiado el partido que lidera Josep Antoni Duran parten de un supuesto desvío de aproximadamente 1.800.000 euros de la fundación, presidida por el querellado Josep Boqué de 2003 a 2006, al grupo de empresas IMS administrada por los también querellados Joan Albert L.S., Miguel Ángel C.G., que eran vocales de la fundación (el primero también tesorero).
"La FCT no recibió nada a cambio de ese dinero, con excepción de servicios de asesoría informática por el razonable importe de 17.000 euros", cree el fiscal, que considera que esta salida de fondos se disfrazó de facturas emitidas desde el IMS y el resto bajo la firma de préstamos hechos de la FCT a IMS.
CHEQUES A FCT
Tan pronto como estas cantidades de FCT llegaban a IMS, se transformaban inmediatamente en metálico "sin que exista justificación de dicho proceder" y, por si fuera poco, se constatan datos como la percepción de dos cheques en efectivo por importe total de 180.000 euros percibidos por el presidente de la fundación.
El fiscal lamenta en su escrito que "la conversión o percepción en efectivo de tales cantidades ha impedido en buena medida averiguar cuál fue el destino final de tales fondos".
Todo este dinero del que se nutría la fundación procedía de donaciones de diferentes entidades y personas "caber pensar que guiadas por impulsos altruistas", que sin embargo podrían haber aterrizado en grandes cantidades y sin causa que lo justifique a manos de empresas de asesoramiento de dudosa viabilidad, según el fiscal.
ESTAFA
El grupo IMS disponía de dos escalones de sociedades de tal manera que las del primer escalón facturaban a las del segundo escalón formando una especie de "papel pelota" que podría haber perjudicado a 19 entidades bancarias.
El primer nivel de la sociedad solicitaba a los bancos líneas de descuento para hacer frente a facturas, que resultaban ser falsas, y que debían abonar las sociedades del segundo nivel; las operaciones se iban tapando gracias a nuevos créditos, y así hasta crear una pelota financiera que acabó en un concurso de acreedores.