Un juez afea a la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Girona su uso electoral de la Diada

El Ayuntamiento de Girona, dirigido por Carles Puigdemont (CiU), y la delegación del Gobierno en Cataluña, presidida por Llanos de Luna (PP), se enfrascaron en una disputa judicial después de que el consistorio contrató dos trenes para que los vecinos de Girona pudieran acudir a la manifestación independentista del 11S.

En una sentencia, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Girona carga tanto contra el Ayuntamiento de Girona, al estimar que rebasó sus competencias para lograr un beneficio "claramente político", como contra la Delegación del Gobierno, al sostener que también ha buscado beneficios "políticos o electorales" al presentar su recurso, con el que además ha "malbaratado recursos humanos y económicos de los órganos judiciales".

Con motivo de la manifestación independentista de la Diada, el consistorio contrató a Renfe el servicio especial de dos trenes, que transportaron a más de mil personas, que pagaron entre cinco y diez euros por billete para asistir a la marcha, con lo que se obtuvo un beneficio de 2.500 euros que se destinó al Banco de los Alimentos.

En la sentencia, el juez acepta parcialmente el recurso de la Delegación del Gobierno y anula el decreto del consistorio gerundense del 7 de septiembre en el que se contrató a Renfe los dos trenes especiales.

Para el juez, el consistorio dirigido por Puigdemont "excedió" su ámbito competencial, ya que la manifestación de la Diada en Barcelona "se adentraba en reivindicaciones de carácter claramente supramunicipal".

"Lo que se pone de manifiesto con la actuación del Ayuntamiento demandado es el intento de utilización de supuestas competencias municipales, no ya en beneficio de los vecinos del municipio, sino en la búsqueda de un beneficio claramente político, intentando apropiarse de una convocatoria que ni tan sólo estaba realizada por ninguna administración pública", sostiene el fallo.

El juez tampoco escatima reproches para la decisión de la Delegación del Gobierno en Cataluña de recurrir judicialmente contra la decisión del ayuntamiento, ya que estima que no se puede obviar que también ha incurrido en un "intento de utilización de las instituciones con la intención de lograr beneficios de carácter político o electoral".

"Con el pretexto de defender la legalidad (la Delegación del Gobierno) interpone recursos como el presente, malbaratando recursos humanos y económicos de los órganos judiciales, con conocimiento de la escasa, por no decir nula trascendencia jurídica de su resultado, la cual es evidente, ya que, además, no se han afectado recursos ni dinero público de ningún tipo, ya que incluso los beneficios obtenidos se han entregado al Banco de los Alimentos", señala el fallo.

Por este motivo, en juez acuerda que cada parte sufrague a partes iguales los costes ocasionados por el proceso judicial.

En la vista que se celebró el pasado día 14, la abogada del Estado, que actuó en nombre de la Delegación del Gobierno, mantuvo como argumentos para el recurso que el Ayuntamiento de Girona excedió sus competencias municipales en cuanto a contratar un servicio más allá de sus fronteras y además que lo hizo por motivos ideológicos.

Por su parte, el alcalde Puigdemont ha sostenido desde un primer momento que la contratación de los trenes no respondía a "motivaciones de orden ideológico", sino a facilitar la movilidad de las personas.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Girona han anunciado que están estudiando la sentencia para analizar si presentan o no recurso.