La Fiscalía de Guatemala pide quitar la inmunidad a los jueces acusados de corrupción

El objetivo de la petición es que los 13 jueces puedan ser procesados por "una serie de delitos penales", dijo la portavoz de la Fiscalía, Alejandra Samayoa, a los periodistas.

Samayoa no precisó por cuáles delitos pretende la Fiscalía procesar a los 13 magistrados, ni se refirió a los otros cinco acusados por la Cicig de supuestos actos de corrupción.

La portavoz oficial detalló que la Fiscalía ha pedido el antejuicio, a fin de retirar la inmunidad, para los jueces Verónica Galicia, José Eduardo Cojulún, Silvia Morales, Sergio Castro, Carlos Aguilar, Mario Peralta, Silvia de León, Julio Xitumul, Rossana Mena Guzmán, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán, Byron de la Cruz y Artemio Tánchez.

Los señalados fueron incluidos en el informe presentado por la Cicig el pasado 29 de noviembre, denominado "Los jueces de la impunidad", en el que la Comisión acusó a 18 magistrados de "fomentar la impunidad con fallos a favor de grupos criminales y corruptos".

"Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales", declaró entonces a Efe el jefe de la Cicig, el fiscal costarricense Francisco Dall'Anese.

En su informe la Cicig, una institución de la ONU, señaló directamente a los jueces Mario Peralta y Rossana Mena Guzmán de "haber sido captados por estructuras criminales", y a Julio Gerónimo Xitumul de "favorecer la impunidad".

La Comisión acusó en su informe de dictar fallos "que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto" a los jueces Sergio Castro y Silvia de León, y de emitir "resoluciones que han favorecido a un poder difuso" a Verónica Galicia y a José Eduardo Cojulún.

La Cicig explicó en noviembre pasado que investigó al grupo de juristas durante 18 meses, y estableció que los mismos favorecieron "al poder corrupto y las estructuras criminales" del país con fallos alejados del derecho.

Según la legislación guatemalteca, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los único que pueden retirar la inmunidad a los jueces para que sean procesados.

Esa decisión la deben tomar en base a un informe elaborado por un "juez pesquicidor" quien deberá analizar las denuncias y determinar la existencia de indicios de delito.