Torres-Dulce niega que exista un "choque" entre jueces y Justicia
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que la reunión entre jueces, fiscales y Justicia, celebrada el pasado martes, en el marco de las negociaciones sobre la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue "bastante positiva", por lo que aseguró no creer que "se llegue a un punto de choque o de conflicto". No es momento, por tanto, de pronunciarse sobre este asunto.
En el marco de un desayuno organizado por Europa Press, Torres-Dulce valoró positivamente el mayor grado de independencia presupuestaria que otorgan los Presupuestos Generales del Estado para 2013 a este órgano, y aseguró que se establecerá un protocolo ejecutivo para su determinación y ejecución anual.
Además, destacó la importancia de haber trasladado las competencias en materia de formación de fiscales a la propia Fiscalía, extrayéndolas de "manos gubernamentales".
Revisión del estatuto
En cuanto al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, Torres-Dulce consideró prioritaria su revisión, "máxime cuando se reformarán, casi de forma paralela, normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la Ley de Demarcación y Planta.
El fiscal general del Estado abogó también, en la misma línea que el Ministerio, por desjudicializar todas las materias que merezcan un "gasto procesal" y, en este sentido, reiteró su posicionamiento a favor de la despenalización de la mayoría de las faltas, una noticia "muy bien vendida". Son necesarias, aseguró, "radicales reformas sobre la distribución competencial de asuntos, con una revisión del sistema de recursos y la desjudicialización de todo aquello que no merezca la necesaria pero limitada atención de juzgados y tribunales", aseguró. Y es que ha habido más de 800.000 juicios de faltas en 2012, con más de 300.000 actuaciones del Ministerio Fiscal, materias que "no merecen ese gasto de economía fiscal".
En este sentido, abogó por una mayor coordinación en los señalamientos y vistas, por una mayor implantación de la oralidad en los procesos, y por la renovación informática, medidas "absolutamente imprescindibles".
En cuanto al enjuiciamiento rápido, Torres-Dulce destacó que éste ocupa, a día de hoy, sólo un 5,02 por ciento del total de los procedimientos penales, cuando lo ideal es encontrar soluciones procedimentales que contemplen la supresión o, cuanto menos, una "profunda simplificación de la fase de instrucción". Defendió también la implantación del proceso monitorio penal, y la idea de que los enjuiciamientos inmediatos -que se desarrollen en un máximo de 48 horas- se conviertan en "regla, y no excepción".
También pidió aumentar las competencias de los fiscales en materia penal, aunque para asegurar la efectividad de este papel pidió que las tareas de investigación queden en manos de una policía judicial que dependa directamente de la Fiscalía. Del mismo modo, los equipos policiales y técnicos necesarios deberían estar, a su juicio, adscritos a la Fiscalía y sometidos a su dirección.