Resuelto el motín policial en Bolivia tras siete días de disturbios
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y Desarrollo, Teresa Morales, firmaron el convenio con representantes de los agentes tras muchas horas de negociación, durante las cuales el Ejecutivo insistió en que estaba en marcha un complot golpista con apoyo de la derecha y Estados Unidos.
El convenio aumenta el salario mínimo de más de 30.000 policías de bajo rango en 11 euros mensuales y duplica una asignación de víveres, de tal forma que el agente de menos ingresos reciba 236 euros, incluido una paga mensual extra de 45 euros.
Romero explicó que el incremento en efectivo, sumado al valor monetario de los víveres, representa para los agentes un aumento del 20 %, récord en 14 años, aunque reconoció que no cubre sus "expectativas legítimas".
El salario mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 115 euros mensuales , mientras que el sueldo medio apenas pasa de 436.
El acuerdo firmado también asegura que no habrá represalias contra los líderes de los amotinados, crea una Defensoría del Policía, reconoce la jubilación con el 100 % del salario y revisa una ley disciplinaria que, según los agentes, no les permite defenderse.
Los términos económicos del convenio fueron aceptados a regañadientes por algunos sectores de amotinados, que lo creen insuficiente pero dijeron que se plegaban a lo aceptado por la mayoría.
Los agentes había pedido una nivelación de sus salarios con los que tienen los militares, que ganan el doble, pero reconocieron que no pudieron conseguirlo, pese a que su protesta se extendió por la mayoría de las ciudades bolivianas, donde ocuparon cuarteles y comandos.
"Nosotros pedíamos la nivelación a las Fuerzas Armadas. Ese ha sido el tema más duro. No se puede conseguir todo como uno quiere, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno para aumentar 100 bolivianos (11 euros) al sueldo básico", dijo hoy la suboficial Esther Corzón, delegada de los amotinados en La Paz.
El acuerdo normalizó los servicios policiales tras una semana de protestas que tuvo picos de violencia como el saqueo el viernes de las oficinas de la Inteligencia, Interpol y el Tribunal Disciplinario de la entidad, para quemar sus archivos.
También hubo graves tensiones diarias con manifestaciones de policías armados ante el Palacio de Morales.
El asedio impidió el normal trabajo de la Presidencia, el Parlamento y el ministerio de Exteriores, mientras que las esposas de los policías secundaron el motín con huelgas de hambre y cierre de cuarteles.
El Gobierno acusó a los agentes de estar manipulados por la derecha y Estados Unidos para provocar un escenario de golpe de Estado, pero los policías lo negaron y dijeron que el motín se debió a la pobreza de los agentes, la mayoría de ellos de origen aimara, como el mismo gobernante boliviano, Evo Morales.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, principal mentor y apoyo económico de Morales, se sumó a la teoría de la conspiración al afirmar que no duda, aunque no tiene pruebas, de que detrás del motín está "la mano imperial".
"Yo no tengo pruebas, pero así como no tengo pruebas no tengo dudas de que detrás de todas esas huelgas de policías, conflictos, etcétera está la mano imperial, la mano del imperio yanqui y sus lacayos en cada país", declaró Chávez el martes a periodistas en Caracas.
Morales encabezó el martes en La Paz un mitin de cientos de funcionarios públicos y campesinos afines para defender su "revolución" frente al motín y dijo que no permitirá "una dictadura policial".
La denuncia de la supuesta conspiración fue rechazada, aparte de los policías, por dirigentes de la oposición e incluso por algunos oficialistas.
El exviceministro de Gobierno Rafael Puente comentó que es "humanamente imposible que pueda gestarse un golpe de Estado con policías de bajo rango y con un armamento obsoleto que ni siquiera es adecuado para combatir la delincuencia".
La oposición señaló que en realidad había un amago de "autogolpe" de Morales para "victimizarse", al no poder resolver la crisis policial, la mayor en muchos años.
La solución llegó horas antes del ingreso al centro de La Paz de centenares de indígenas que marcharon durante dos meses, por segunda vez en menos de un año, para pedir a Morales que deje de insistir en hacer una carretera en la reserva ecológica Tipnis.