El Gobierno de EE.UU. no entregará informes sobre operación encubierta en México
La decisión se divulga mientras el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes se apresta a votar si reprueba por desacato al secretario de Justicia, Eric Holder, porque no ha entregado los documentos, que se refieren a la operación conocida como "Rápido y Furioso".
Dicha operación encubierta del Departamento de Justicia permitió enviar unas 2.000 armas de fuego hacia México con la intención de seguirlas para identificar a los traficantes de droga y otros criminales que las recibieran, pero fracasó.
Ese fracaso supuso que se perdiera el rastro a buena parte de las armas, que fueron utilizadas, posteriormente, para delitos muy graves.
El Departamento de Justicia, en una carta enviada al presidente del subcomité, el republicano Darrell Issa, indicó que el privilegio ejecutivo del presidente se aplica a los documentos que explican la forma en que el Gobierno se enteró de que había problemas con la operación.
El senador republicano Charles Grassley, de Iowa y que ha estado muy involucrado en una investigación paralela a cargo del Senado, sostuvo que "la invocación del privilegio ejecutivo plantea cuestiones monumentales".
"¿Cómo puede el presidente afirmar el privilegio ejecutivo si la Casa Blanca no ha estado involucrada y se supone que el presidente no ha visto jamás los documentos?", indicó Grassley.
"Las preguntas que ha hecho el Congreso apuntan a determinar qué ocurrió con un desastroso programa gubernamental y para (asegurar) que nunca ocurra otra vez", añadió.
Por su parte, el representante demócrata Elijah Cummings, demócrata de Maryland, alegó que el Congreso "tiene la responsabilidad" de supervisar las acciones del Ejecutivo, pero "la Constitución también requiere" que se reconozcan "los derechos legítimos" de dicho Poder.
El legislador demócrata recordó que el Departamento de Justicia ha entregado ya más de mil páginas de documentos en respuesta a las preguntas de los legisladores.
De seguir adelante el procedimiento en el comité, sería la primera vez desde 1998 en que el Congreso adopta una resolución por desacato contra un secretario (ministro) de Justicia.
Pero no es esta la primera vez que el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un enfrentamiento acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
Al menos 25 veces desde 1980 la Casa Blanca ha afirmado el "privilegio ejecutivo", y quien más veces recurrió a ese derecho fue el presidente Bill Clinton, quien invocó 14 veces sus atribuciones para retener materiales pedidos por los legisladores.
El presidente George W. Bush (2001-2009) invocó el privilegio ejecutivo seis veces; el presidente George H.W. Bush (1989-1993) lo hizo una vez, y su predecesor Ronald Reagan (1981-1989), tres.