La Audiencia obliga a ingresar en prisión a cuatro mossos indultados por el Gobierno
En cuatro autos, que son recurribles ante la misma sala, la sección novena de la Audiencia estima que, aunque los agentes condenados no tienen antecedentes, existen "razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social" que justifican su ingreso en prisión para cumplir la pena.
De esa forma, el tribunal rechaza la suspensión de la pena de prisión impuesta que solicitaba la defensa de los mossos, una medida de la que, de acuerdo con la ley, pueden beneficiarse las personas condenadas a hasta dos años de cárcel que carezcan de antecedentes.
Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d'esquadra detuvieron por error a un hombre en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.
La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses y al quinto a una multa, por los delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato.
El Tribunal Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a los cuatro mossos un indulto parcial que les dejó la pena en dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que los agentes se libraran de entrar en prisión.
En los autos notificados hoy, la Audiencia recuerda que son los jueces los que tienen la potestad para suspender la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, que en este caso desestima.
En concreto, la sección novena subraya que los condenados han "maltrecho de forma literal, directa y sin paliativos" los principios inspiradores y de actuación de los cuerpos policiales, que están llamados por mandato constitucional y legal a proteger a los ciudadanos.
Tras recordar que los Mossos d'Esquadra están obligados a actuar "sin discriminación alguna, con integridad y dignidad", la Audiencia advierte sobre la "gravedad intrínseca de la conducta perpetrada" por los cuatro agentes, Jordi Perissé, Manuel Farré, Joan Salva y Fernando Cea.
Por todo ello, considera que no es procedente ejercer su facultad legal de suspender la ejecución de la condena, pese a no superar los dos años de prisión, ya que existen elementos indicativos de "especial peligrosidad criminal" en los cuatro agentes condenados.
Según la sentencia de la Audiencia que después avaló el Supremo, los agentes condenados golpearon y torturaron a un detenido, Lucian P., de origen rumano, al que habían confundido con un atracador, y también maltrataron y arrestaron ilegalmente a su novia, embarazada de tres meses.
Los agentes investigaban un caso de atraco cuya víctima había identificado con bastantes dudas, en un reconocimiento fotográfico, al torturado, a quien los agentes, vestidos de paisano, fueron a esperar a la puerta de su casa.
Según consideró probado la Audiencia, los agentes no se identificaron en ningún momento, se abalanzaron sobre la víctima, le hicieron la zancadilla, lo arrojaron al suelo y le golpearon por todo el cuerpo, al tiempo que le pisaban la cabeza y le agarraban por el cuello para impedir que gritara.
Los agentes introdujeron al detenido en un vehículo policial y, durante el traslado a la comisaría, uno de los procesados le metió en la boca la pistola que llevaba, amenazándole con tirarlo "por un barranco" si no reconocía los hechos que se le imputaban.
Los agentes siguieron golpeando al procesado en el aparcamiento de la comisaría de Les Corts, desoyendo su llanto y sus advertencias de que podía morir por ser hemofílico.
El detenido fue puesto en libertad al día siguiente, aunque perdió su trabajo debido a la detención y tuvo que recibir tratamiento por el riesgo de que, al ser hemofílico, se le complicaran las lesiones.
El Consejo de Ministros acordó el pasado 17 de febrero conceder un indulto parcial a los cinco mossos condenados, teniendo en cuenta su currículum, la gran cantidad de apoyos y adhesiones al indulto y la existencia de una petición en ese sentido por parte de las víctimas para conmutarles las penas por otras que les permitieran no ingresar en la cárcel y volver a ejercer de funcionarios públicos.