El Ejecutivo endurece las penas por delitos fiscales
El Consejo de Ministros de ayer trajo de la mano el anuncio de un endurecimiento de los delitos fiscales y contra la Seguridad Social, que se materializará a través de una reforma del Código Penal que introducirá subtipos agravados para ambos tipos de ilícito.
En concreto, para los nuevos delitos fiscales agravados, la pena máxima será de dos a seis años de prisión, en lugar de los cinco años como tope que se aplican a los demás supuestos de delito fiscal. Este subtipo agravado se aplicará "cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal", tal y como recogió ayer la nota del Consejo de Ministros.
Del mismo modo, también se considerará delito agravado "utilizar negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada". En cuanto a la prescripción, ésta pasa de 5 a 10 años sólo para el caso de subtipos agravados, manteniéndose en 5 para el resto de supuestos.
Incentivos a la colaboración
La reforma del Código Penal que propone el Ejecutivo también incluye ciertos incentivos para que aquellos que defrauden a Hacienda den el salto a la legalidad. En este sentido, se introducirá un atenuante en los delitos fiscales por ingresar lo defraudado -que se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial- o por colaborar con la Justicia identificando a otros sujetos responsables.
Además, se facultará a Hacienda a no paralizar la recaudación de las cuotas defraudadas por un proceso penal en curso, sin que sea necesaria, como lo es actualmente, la autorización del juez.
A todo ello se suma otra modificación clave: en la actualidad, la suma defraudada se contabiliza en todo el año natural, por lo que es necesario esperar a que éste finalice para poder denunciar como delito fiscal. La mejora que introducirá el Gobierno consiste en no tener que esperar a que transcurra ese año cuando se defraude más de 120.000 euros.