La CE lleva a Hungría al Tribunal de Justicia por dos de sus reformas
En cambio, la CE aceptó los compromisos del Gobierno húngaro para aprobar medidas que garanticen la independencia del Banco Central, "por lo que está dispuesta a cerrar el caso", según anunció un portavoz comunitario, Olivier Bailly, en una rueda de prensa.
En el caso de la ley sobre la jubilación obligatoria anticipada de jueces, notarios y fiscales, como la medida está prevista para entrar en vigor este mismo año, la Comisión pedirá al Tribunal que la examine "de urgencia".
El Ejecutivo europeo considera que adelantar la edad de retirada de este colectivo de los 70 a 62 años supondría que el 10 % los jueces y el 25 % de los notarios se jubilen este año sin poder elegir si desean o no seguir ejerciendo.
La CE ha pedido a las autoridades húngaras que suspendan la aplicación de la ley hasta que se conozca el veredicto del tribunal europeo.
En cuanto a la protección de datos, la CE constata "varias mejoras" pero destaca que el despido del presidente de la autoridad competente, cuyo mandato expiraba en septiembre 2014, sigue suponiendo una infracción de los tratados comunitarios que quiebra la independencia del organismo.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia europeo, a iniciativa de la comisaria europea de Justicia e Interior, Viviane Reding, quien además envió una carta a Budapest para recibir más información sobre esta cuestión.
Respecto a la reforma del Banco Central, Bailly explicó que la CE ha decidido cerrar el proceso de infracción abierto contra el país magiar tras conocer el nuevo texto enmendado de la ley que respetaría la independencia de este organismo.
"Constatamos que la ley húngara va a ser promulgada conforme a las normativas europeas y, por tanto, la Comisión está dispuesta a cerrar el proceso de infracción", indicó el portavoz.
El Ejecutivo comunitario se mostró conforme con el compromiso político expresado por el primer ministro húngaro, Victor Orban, durante la reunión que mantuvo ayer en Bruselas con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Tras esta decisión, la CE ha dado luz verde a las negociaciones entre Bruselas y Hungría sobre la ayuda financiera solicitada por Budapest al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE), bloqueadas desde el pasado noviembre por la situación legal en el país.
La ley húngara preveía que el nombramiento de nuevos vicegobernadores y miembros del Consejo Monetario del Banco Central dependiera del Gobierno húngaro, lo que a juicio de Bruselas era contrario al artículo 130 de los tratados de la UE.
Por otra parte, la CE ha decidido no tomar medidas suplementarias por el momento respecto a la polémica ley judicial húngara, que podría comprometer la independencia del sistema, pero aseguró que observará con atención el desarrollo de los acontecimientos.
Reding envió una carta pidiendo a Budapest más información sobre esta legislación y reunirá antes del verano a la red de los presidentes de tribunales supremos europeos, incluido el húngaro, para discutir sobre estas medidas.
La ley dota de un gran poder a la Oficina Nacional de Judicatura (OBH), cuyo presidente es elegido por el Gobierno por un período de nueve años, y que puede decidir sobre el nombramiento de jueces, directores y otros funcionarios judiciales.
Además, la Oficina puede trasladar casos y jueces entre tribunales.