Izquierda Plural pide que las fechas de celebración de los juicios las fije el interés público y no el juez
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) del Congreso ha instado al Gobierno a impulsar en el plazo de seis meses un cambio legal por el cual el señalamiento de los juicios dependa de "criterios objetivos y homogéneos" ya que hoy en día la agenda de vistas sigue "presidida por criterios individuales de cada magistrado" ajenos al servicio público.
Los diputados Gaspar Llamazares y José Luis Centella firman una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que invita al Ejecutivo a acometer nuevas reformas complementarias de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial en aspectos que "no han funcionado" en la práctica, dos años después de la entrada en vigor del nuevo modelo.
La iniciativa de la coalición de izquierdas emplaza a abandonar la actual "atomización" que supone tener un calendario distinto de las vistas en cada órgano judicial, con la inseguridad que ello provoca para la ciudadanía. "No se han elaborado con carácter general las agendas programadas de señalamientos", añade.
La celebración de los juicios sin la presencia de los secretarios judiciales en atención a la implantación de sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido es otro de los aspectos que tampoco ha funcionado en opinión de los grupos de la Izquierda Plural.
DESATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Debido a la "tibia" regulación en la materia, el grupo parlamentario considera que los fedatarios públicos siguen presentes en las vistas a pesar de haber visto aumentadas sus competencias. Ello, añade, incide en una "clara desatención y perjuicio del servicio público".
Por todo ello, pide que los juicios se celebren, como regla general, sin la presencia del secretario judicial, "circunstancia que ya permite el estado actual de la tecnología de grabación audiovisual".
Se trata de habilitar "plenamente" a este colectivo para el ejercicio de facultades directivas en la Oficina Judicial, dadas sus atribuciones competenciales, "cuyo desempeño se ha mostrado de difícil compatibilidad con la presencia en la sala de vistas".
"El régimen de admisión de la demanda en la jurisdicción social, en concreto de las diligencias de prueba a practicar en juicio en el caso de ser admitidas por el juez o magistrado, para agilizar y homogeneizar la tramitación de las solicitudes mediante la atribución como regla general de su resolución a los secretarios judiciales en el Decreto de admisión de la demanda", concluye la proposición.