Pasan a disposición judicial los dos detenidos en Tarragona por incidentes en la huelga general
A las 08.40 horas, una furgoneta ha introducido en los Juzgados tarraconenses a los dos detenidos, que están acusados de participar en los alborotos del campus de la Universidad Rovira i Virgili y en otros desórdenes públicos en la ciudad.
Los detenidos en Tarragona están acusados de cruzar contenedores en la vía, lanzar objetos a comercios, tirar piedras a una sede local del PP en Tarragona y agredir a un agente de los Mossos d'Esquadra.
Las detenciones se practicaron en el marco de un dispositivo policial desplegado entre la mañana y primera hora de la tarde del jueves, según las mismas fuentes.
Los dos detenidos en Tarragona son Robert M.M., de 18 años y nacionalidad española, acusado de daños, desórdenes públicos y coacciones, y Josep Maria M.C., de 28 años y también de nacionalidad española, acusado de daños, desórdenes públicos, coacciones y contra la seguridad del tráfico.
El Ayuntamiento de Tarragona cifró en 51.000 euros los daños sufridos por el patrimonio urbano durante la jornada de huelga, mientras que la Rovira i Virgili cuantificó en casi 9.000 euros los daños en su aparcamiento.
Según los movimientos sociales de Tarragona, uno es militante de Endavant, y el otro, del PCPC.
Ambos han pasado a disposición judicial a una hora muy temprana para evitar su llegada con la concentración de apoyo a los detenidos y rechazo a su arresto convocada a las 09.00 horas por los movimientos sociales.
Tras la batalla campal del 29M, que fue especialmente intensa en el centro de Barcelona, el Gobierno central y la Generalitat han iniciado una ofensiva para endurecer el Código Penal para castigar con mayor dureza a los alborotadores.
En Cataluña, el conseller Felip Puig ha advertido de que los grupos de "guerrilla urbana" ya aglutinan a alrededor de 2.000 personas, por lo que ha anunciado que incrementará las unidades antidisturbios en cien efectivos y que creará una web en la que colgarán imágenes sobre los incidentes para que los ciudadanos pueda delatar a los alborotadores.