Solà defiende la legalidad de su actividad y denuncia que buscan "destruirlo"

Forzado por la oposición, Solà ha comparecido hoy en la comisión de Cultura del Parlament para dar explicaciones sobre informaciones que apuntan a que en 2009, siendo jefe de los servicios jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), facturó más de 193.000 euros por la elaboración de un catálogo de masías en municipios catalanes que él mismo impulsó.

También se le ha pedido justificar el cobro de 50.000 euros, cuando era concejal por CiU en Vic (Barcelona), por la gestión de unos pisos de protección oficial que promovía una fundación dependiente de la ACM que dirigía él mismo.

En presencia del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que ha querido arroparlo sentándose en los escaños reservados al grupo de CiU, Solà ha tratado de justificar la legalidad de sus actividades profesionales, sin ver nada "inmoral ni ilegal" en ellas.

"Aquí se ha ido a la destrucción de una persona y de su prestigio personal, incluso cuestionando mi trabajo", ha denunciado un Solà visiblemente airado y dolido con la oposición, desde la que ha habido peticiones de dimisión por parte de PSC e ICV-EUiA.

Solà, que ha destinado buena parte de su intervención a repasar su currículum personal, ha denunciado haber sido víctima en las últimas semanas de presiones e incluso "chantaje" tras las informaciones sobre sus actividades privadas.

"Yo no me he enriquecido por los cargos públicos", ha proclamado Solà, que ha justificado sus actos y ha defendido la compatibilidad de su actividad privada con los cargos públicos que ha desempeñado.

Una de las cuestiones que le ha planteado la oposición ha sido el cobro en 2009 de más de 193.000 euros a la ACM, cuando dirigía los servicios jurídicos de la entidad, por la elaboración de un catálogo de masías en municipios catalanes que él mismo impulsó.

Solà giró el 29 diciembre de 2009 un total de 65 facturas, por un importe idéntico cada una de 2.982,36 euros, a través de la sociedad EiL Sau, que había adquirido dos semanas antes tras permanecer cinco años inactiva y donde figura como administrador y único empleado.

Sobre este punto, Solà ha explicado que, cuando en 2005 empezó a elaborar el catálogo, la ACM le avisó de que "cobraría al final del proceso" y no de manera fraccionada a lo largo de todo ese tiempo, "por un tema contable" de la entidad.

Tras consultarlo con su asesor fiscal, decidió emitir facturas sólo al final, porque de lo contrario habría tenido que pagar todos los impuestos correspondientes sin haber cobrado por su trabajo.

"No conozco a nadie que pague más impuestos de los que le tocan. Fiscalmente hemos de pagar lo que es justo", ha afirmado.

Solà ha argumentado que en 2009, cuando le urgieron a terminar el catálogo, optó por comprar la mencionada sociedad a un amigo suyo, ya que "no tenía tiempo" de constituir una nueva.

También ha tenido que responder en relación al cobro de 50.000 euros, siendo concejal de Vic, por la gestión de unos pisos de protección oficial que promovía una fundación dependiente de la ACM.

Solà creó en abril de 2009 Procomu Habitatges junto a Josep Maria Matas, que tenía responsabilidades de gestión en la ACM, y un tercer socio, el abogado Salvador Cuadreny.

En julio de 2009, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, y Salvador Esteve, entonces presidente de la ACM y ahora presidente de la Diputación de Barcelona, firmaron un convenio por el que vendían a la Fundación Privada de Vivienda Púbica de Cataluña (FPHP) unos terrenos para construir 17 pisos para jóvenes.

En diciembre de 2009, la FPHP firmó un contrato de prestación de servicios con Procomu Habitatges por el que se encargaría de gestionar las promociones inmobiliarias de la ACM, y otro para que se encargara de la construcción de las viviendas de Vic.

Solà, que ha insistido en que Vila d'Abadal estaba enterado de sus actividades, ha alegado que Procomu fue vendida el 29 de abril de 2010, antes de que se iniciaran unas obras que, más tarde, el Ayuntamiento de Vic decidió detener, cuando Solà ya no era edil.